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Y resolver Magistraturas
A creerle
El hallazgo de un presunto centro de exterminio en un predio de Teuchitlán, Jalisco, ha desatado indignación y alarma entre la sociedad, organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó el pasado 5 de marzo el descubrimiento de restos óseos calcinados, sitios de incineración clandestina y diversos indicios que apuntan a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en la región.
Este caso ha puesto nuevamente en evidencia la grave crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco, un estado donde la impunidad y la corrupción han permitido la expansión del crimen organizado. Según el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, la problemática de la desaparición forzada es una estrategia utilizada por los grupos criminales para consolidar su control territorial, facilitando otros delitos como el secuestro, la trata de personas, la tortura y el homicidio.
El caso de Teuchitlán recuerda otras tragedias similares en Jalisco, como la desaparición de los tres estudiantes de cine en 2018, los cinco jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno en 2023 y muchas otras víctimas cuyas familias continúan en la incansable búsqueda de justicia. La cifra oficial de 15 mil 426 personas desaparecidas en el estado es, según diversas organizaciones, una subestimación de la verdadera magnitud del problema.
El Comité Universitario ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que investiguen a fondo el caso de Teuchitlán sin minimizar la gravedad de los delitos cometidos. Exigen que se dejen de lado disputas políticas y se garantice una investigación profesional, imparcial y expedita, así como la protección de los colectivos de búsqueda que han revelado la existencia de estos sitios de horror.
“Lo sucedido en Teuchitlán muestra hasta qué grado puede llegar la maldad de unos cuantos criminales cuando el Estado deja de cumplir sus funciones y la sociedad deja de exigir y movilizarse. Hoy es un símbolo de horror, derrota institucional y colapso moral, pero nada impide que se convierta en emblema de un nuevo comienzo”, señala el Comité en su comunicado.
La sociedad mexicana enfrenta una decisión crucial: permitir que casos como el de Teuchitlán se normalicen o convertirlos en parteaguas que marquen el fin de la impunidad y la indiferencia. El tiempo apremia y la justicia para miles de desaparecidos sigue siendo una deuda pendiente.
GR
