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Un México violento
Porque nos la quitaron
La semana pasada, el Dr. Ramón Castañeda Ortega (director especial de Atención a los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del Indetec) dio un interesante seminario en la Universidad de Guadalajara. El seminario se centró en propuestas tributarias, económicamente racionales y políticamente viables, para reducir la pobreza y la desigualdad en los niveles federal, estatal y municipal.
La pobreza y la desigualdad reducen las oportunidades económicas y el bienestar social. Según las últimas cifras disponibles, el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza ascendió a 36.3 por ciento. El índice de Gini, por su parte, ascendió a 43.1 puntos. Este último puntaje estuvo muy por arriba del promedio de los países de la OCDE (33.6 puntos).
Los porcentajes de pobreza y los índices de Gini estatales registrados han sido muy diversos. En orden ascendente, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León registraron los porcentajes más bajos. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por contraste, los más altos. En orden descendente, Chiapas, CDMX y Guerrero registraron los índices más altos. Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala, por contraste, los más bajos.
Los datos para Jalisco muestran que en el estado hubo mejores condiciones que a nivel nacional. El porcentaje estatal de la población en situación de pobreza fue de 21.8 por ciento. El índice de Gini estatal, por su parte, ascendió a 36.6 puntos. Estos valores, cabe señalar, fueron menores que sus contrapartes de 2020 (respectivamente, 31.4 por ciento y 38.8 puntos).
Tradicionalmente, la pobreza y la desigualdad se combaten con instrumentos fiscales específicos. Las transferencias se usan cuando se busca aliviar la pobreza y reducir la desigualdad de manera inmediata. Los impuestos se usan cuando se busca reducir sistemáticamente las brechas de ingresos. El gasto social se usa cuando se busca proporcionar bienes y servicios básicos de manera universal.
En el seminario se hicieron propuestas tributarias para financiar el gasto social y fomentar la equidad fiscal. Así, se propusieron impuestos a la tenencia de vehículos, a la propiedad de bienes inmuebles y cedulares sobre los ingresos de las personas físicas. Asimismo, se propuso actualizar los valores catastrales de las fincas y establecer convenios tributario-administrativos entre los estados y los municipios.
Las propuestas contribuirían a reducir la pobreza y la desigualdad por su orientación progresiva y facilitadora de la administración pública. Las propuestas son progresivas porque buscan recaudar más recursos de quienes tienen mayores ingresos o propiedades más valiosas. Además, son facilitadoras porque tienden a relajar las restricciones de ingresos y gastos de los distintos niveles de gobierno.
En mi opinión, las propuestas tributarias no solo reducirían la pobreza y desigualdad prevalecientes. También fortalecerían las finanzas públicas y mitigarían los efectos de la desaceleración económica a nivel subnacional y local. Las propuestas, por tanto, evidencian que todavía hay margen de maniobra para promover el desarrollo económico y la transformación social del país.
*Economista e investigador de la UdeG
[email protected]
jl/I