Transparencia descafeinada en Jalisco

La transparencia en Jalisco tiene una historia extensa y compleja. Por muchos años, nuestro estado fue referente nacional: desde la academia y el activismo cívico se impulsaron mecanismos que nos colocaron como vanguardia para el escrutinio público. Hoy estamos a punto de un retroceso evidente: el derecho a la información sin autonomía, atrapado en la burocracia.

Con leyes cercanas a cumplir un cuarto de siglo, hay toda una generación de periodistas, académicos y ciudadanos que no concibe su trabajo sin las solicitudes de información. Queremos saber cuánto gana el funcionario corrupto, a dónde va el dinero de la obra pública y por qué hay un auge de fideicomisos públicos, esos instrumentos modernos donde reina la opacidad.

En estas dos décadas pasamos de mecanismos ciudadanos ágiles, a una generación de abogados que transformaron el acceso a la información en una ventanilla del laberinto gubernamental. El Itei, que alguna vez representó una esperanza, se convirtió en botín político.

Solicitar información y publicarla también se ha vuelto más difícil. Hemos sido testigos de cómo los contratos de publicidad oficial son usados para entorpecer el trabajo periodístico, volviendo a las empresas de comunicación en poderes fácticos que responden a los gobiernos en turno. Ya sea PRI o Movimiento Ciudadano, han usado la transparencia como herramienta de control político. Jefes de comunicación deciden qué se entrega y a quién se responde. Pero también deciden a quién hay que hacerle bolas la solicitud.

Lo más perverso ha sido observar cómo algunos ciudadanos y académicos comprometidos con la causa terminaron absorbidos por el sistema. Organizaciones civiles cooptadas por convenios. Expertos que, tras pasar por el servicio público, aprendieron no a transparentar, sino a esconder: a darle vueltas a las solicitudes, a advertir “riesgos” cuando la información puede ser incómoda, a blindar la opacidad con lenguaje técnico.

He leído la propuesta del Poder Ejecutivo para sustituir al Itei y rediseñar el andamiaje normativo. Y lo que salta a la vista es una reforma que burocratiza aún más el ejercicio del derecho. Los plazos de respuesta se alargan hasta 20 días hábiles, prorrogables, sin sanciones reales a quienes incumplen. Ya no hay amenaza de cárcel ni obligación política. Se plantea un sistema estatal de transparencia y un consejo consultivo sin dientes, sin capacidad de incidir.

Lo que hoy se discute en el Congreso no mejora lo existente: lo empeora. Nos entregan una transparencia descafeinada, sin consecuencias para quienes ocultan y sin garantías para quienes preguntan. Y lo más triste es que muchos de quienes deberían alzar la voz hoy despachan desde la comodidad de un escritorio.

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