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Rompiendo
Ley Telecom
El cinismo es mal consejero. Cuando todos los días se reportan las fallas del complejo sistema institucional, el cansancio o el hastío terminan por normalizar lo que jamás debería ser aceptado.
Ese parece ser el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), una institución que nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridades, actuando como contrapeso ante los abusos del poder.
En el contexto de la crisis de legitimidad tras la elección presidencial de 1988, la clase política se vio obligada a ceder espacios de representación ciudadana.
Así surgió en 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y tres años más tarde se creó formalmente la CEDHJ mediante decreto publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Se le otorgó personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Pero hasta hoy, no goza de plena autonomía política, y mucho menos presupuestal.
El primer presidente fue Carlos Hidalgo Riestra. Su administración sentó las bases institucionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, los gobernantes encontraron mecanismos para debilitarla, intentando controlar políticamente sus decisiones o deslegitimarla ante la opinión pública.
El sexenio de Francisco Ramírez Acuña estuvo marcado por violaciones graves a los derechos humanos. El caso más emblemático ocurrió el 28 de mayo de 2004, durante la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. La represión a manifestantes dejó decenas de detenciones arbitrarias y denuncias de tortura. Aunque la CEDHJ emitió recomendaciones, el gobernador las desestimó, defendiendo el actuar de las fuerzas de seguridad. Lo mismo sucedió cuando reprimió a los barzonistas. Sin embargo, bajo la presidencia de Carlos Barba, la comisión tuvo un período destacado, al asumir un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos.
Durante el gobierno de Emilio González Márquez, la relación también fue tensa. El episodio de la “megamentada” –cuando el gobernador insultó a sus críticos en un acto público– generó una fuerte crítica social. La CEDHJ pidió una disculpa pública, que nunca llegó. En ese periodo, la comisión, ya presidida por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, fue señalada por ex consejeros ciudadanos por su opacidad y falta de independencia.
Con Jorge Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro surgieron denuncias sobre la captura institucional de la CEDHJ: se colocaron a ex colaboradores o aliados políticos en puestos clave, y se infló la nómina. La comisión perdió legitimidad y fue vista más como una agencia de colocación que como un defensor real de los derechos humanos.
En agosto se cumplirán tres años del nombramiento de Luz del Carmen Godínez González como presidenta. Su designación fue polémica desde el inicio, por haber laborado previamente en el Ayuntamiento de Guadalajara y tener vínculos con Movimiento Ciudadano. Hoy, la CEDHJ atraviesa una etapa turbia: debilitada, deslegitimada y más preocupada por proteger a funcionarios que a las víctimas. La pregunta sigue vigente: ¿alguien se acuerda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
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jl/I