Río Santiago y El Zapotillo, en mira de la ONU

La contaminación en el río Santiago y la construcción de la presa El Zapotillo se han puesto bajo la lupa en diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la más reciente: la Relatoría Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

De los casos que se estudian en todo el país por la violación a tales derechos fundamentales, dos corresponden a Jalisco, confirmó la coordinadora de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, quien la semana pasada se reunió con el relator de la ONU Léo Heller como parte de la gira de trabajo e investigación de la que se espera que este viernes se emita un informe de levantamiento o análisis preliminar sobre la situación general en tierras y aguas mexicanas.

Para el caso concreto del río Santiago, se solicitó por parte de activistas que se consideren los resultados del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos –también perteneciente a la ONU– que en octubre resumió como catástrofe ambiental la contaminación del acuífero, misma que le ha costado la vida al menos a 732 personas, ha generado malformaciones en bebés y graves enfermedades en habitantes de la zona.

De la presa El Zapotillo se hizo énfasis por el lado de defensores ambientales en la reconsideración del estudio que realizaron la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS, por sus siglas en inglés) y el Programa de la Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, mismo que la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno estatal intentó clasificar como reservado, argumentando “riesgo de terrorismo, rebeldía o que atente contra la seguridad”.

Además, se argumentó por parte de representantes de la sociedad civil que en ambos casos hay versiones oficiales de autoridades municipales, estatales y federales en las que se reconocen los problemas y otras donde se contradicen las posibles soluciones.

Las problemáticas del agua en el plano ambiental, de salud, de falta políticas públicas, de omisiones gubernamentales o intentos por privatizar el líquido están documentadas desde diferentes trincheras de organismos locales, nacionales e internacionales, apuntó la también académica María González Valencia.

Lo que se espera de las observaciones que emita la Relatoría Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de la ONU es que el gobierno mexicano atienda por fin el llamado a resolver la problemática. La visita oficial del relator a México significa que las autoridades del país aceptarán el diagnóstico, recalcó la especialista del Imdec.

Las principales vertientes señaladas por activistas ante el representante de la ONU fueron: replantear el modelo de gestión del agua para que las autoridades dejen de apostarle a megaobras o macroplantas con fines lucrativos y de privatización, como con las presas El Purgatorio y del Ahogado; que se orienten políticas públicas para resolver el problema de contaminación, que merma la calidad del agua, el ambiente y la salud de la población, contraviniendo los derechos fundamentales, como pasa en el río Santiago, de cuya cuenca forman parte cinco estados y en todos repercute la situación actual, pero le pega con más fuerza a Jalisco; que la disponibilidad y acceso del acuífero deje de venderse con falsos argumentos, como en el caso de El Zapotillo, explicó González Valencia.

Expectativa

Se espera que este viernes haya un informe por parte del representante de las Naciones Unidas

EH/I