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Ciudad de México. Las víctimas de algún delito permanecen invisibilizadas en el sistema de justicia penal, de acuerdo con un reporte de México Evalúa.
La encuesta Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio, un primer acercamiento para medir la situación de los derechos humanos en el sistema de justicia penal acusatorio, arrojó que sólo 41 por ciento de las víctimas encuestadas declaró que se le ofreció asesorarse por un familiar o un abogado al denunciar.
Además, 4 de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso, así como haber solicitado medidas de protección.
Únicamente 44 por ciento de las personas sentenciadas fueron presentadas ante un juez de Ejecución al ser privados de la libertad, mientras que 45 por ciento nunca han acudido ante él.
México Evalúa diseñó una metodología sustentada en referencias nacionales e internacionales, que fue implementada inicialmente en dos entidades, Guanajuato y Querétaro; se realizaron 346 entrevistas en total –tanto a víctimas como a personas privadas de la libertad sentenciadas por diversos delitos– en centros penitenciarios y centros de atención a víctimas, durante julio y agosto de este año.
“Es tiempo de jubilar la noción de que el éxito de la reforma penal se mide por su impacto en la seguridad; en cambio, requerimos evaluar rigurosamente cómo las instituciones están respondiendo al desafío de asegurar efectividad, eficiencia y transparencia en la justicia, garantizando por igual los derechos humanos de víctimas e imputados”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa, durante la presentación de los resultados de la encuesta.
Por su parte, María Novoa, coordinadora del programa de justicia en la organización, observó que aunque en lo normativo la transformación del sistema de justicia buscó proteger los derechos de las víctimas, la evaluación apunta a que estamos aún lejos de la materialización de estos objetivos, tanto en el ámbito federal como en el local.
Enfatizó que dentro de esta discusión, un error común ha sido considerar la protección de derechos de víctimas e imputados como un juego de suma cero.
“Cuando se vulneran los derechos de una de las partes no implica mayor protección de la otra parte, sino que nos habla de las deficiencias y vicios institucionales”, afirmó.
MUESTREO
Si bien, por las condiciones en las que se dio el método de muestreo, los resultados de la encuesta no pretenden ser representativos de la población de víctimas e imputados, este primer acercamiento permite identificar aprendizajes relevantes, tanto para la realización de este tipo de estudios, como sobre la experiencia de los usuarios del sistema.
Así, entre los hallazgos destacan las deficiencias en los mecanismos de asesoría, atención y reparación integral a las víctimas.
Al observar que los recursos provistos por el Estado imponen trabas burocráticas y no se están ejerciendo, México Evalúa llamó a agilizar y simplificar el ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para posibilitar procesos de atención, acompañamiento y reparación oportunos.
"Condicionar el ingreso de quienes han sufrido un delito al Renavi a la presentación de una denuncia penal o a la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos acentúa su condición de vulnerabilidad”, advirtió Novoa.
El reporte también da cuenta de un desconocimiento por parte de las víctimas sobre la figura del asesor que les puede acompañar durante el proceso, y de que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y de los fondos de ayuda no han cumplido con garantizar los derechos de éstas en el proceso.
Por ello, el reporte recomienda revisar y, en su caso, rediseñar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; asegurar la coordinación efectiva entre ésta, las comisiones estatales y los operadores del sistema, y operar efectivamente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
ALERTAS
JJ/I