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Ingenuos
El abogado de Ovidio
Alondra González Arias fue víctima de feminicidio el 10 de marzo de 2017. Tenía 21 años de edad y tan solo unos días antes había dado a luz a su segundo hijo. A dos años del caso, su ex pareja y responsable del asesinato, sigue prófugo y poco se han avanzado en las investigaciones del caso.
Ayer, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez; el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís; y diversas funcionarias encargadas de la agenda de género, mantuvieron una reunión con Nancy Arias, madre de Alondra, quien les externó su exigencia de justicia.
“Me ha parecido muy lento el proceso en fiscalía (…) Tengo confianza en que se va a hacer justicia. Es lo que yo quiero, justicia para mi hija, que se lleve a cabo la orden de aprehensión, y lo que por derecho le corresponde a los hijos de Alondra, que ahora son mis hijos”, expuso Nancy.
El feminicidio de Alondra resulta paradigmático de la poca efectividad que supone el contar con órdenes de protección, pues ante la inacción de las autoridades, un papel resulta inútil.
Durante su embarazo, Alondra fue víctima de diversos actos de violencia por parte de su agresor, por lo que un mes antes de su asesinato decidió acudir a la fiscalía para poner una denuncia. Desde ahí, fue remitida al Centro de Justicia para las Mujeres, en donde una agente del Ministerio Público emitió una orden de protección por 30 días. La orden nunca fue notificada ni a su pareja ni a la Policía de Tlajomulco, municipio donde vivía.
“El caso de Alondra es uno de los casos que refleja la inactividad, sumisión y negligencia de las autoridades. Finalmente, Alondra hizo lo que dicen que se tiene que hacer para no ser asesinada y, a pesar de eso, fue asesinada teniendo una orden de protección (…) El Estado falló”, recriminó Alejandra Cartagena López, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Difusión de los Derechos de las Mujeres (Cladem), quien, al igual que Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, acompañaron a Nancy en su reclamo.
Tras la reunión, el gobierno estatal asumió una serie de compromisos.
“Lo primero es instalar una mesa para hablar sobre cuál es la forma más ideal de contemplar una política de estado integral; lo segundo, atender las necesidades de este caso concreto a través de Nancy; lo tercero, el tener una apertura para darle ejecución a las órdenes de detención que están pendientes en la fiscalía”, detalló Reneaum Panszi.
En esta ocasión, el reclamo de justicia expresado por Nancy fue respaldado por miles de personas alrededor del mundo.
“Cladem y Amnistía Internacional también venimos a entregarle al gobernador más de 22 mil firmas de todo el movimiento de Amnistía Internacional, de países como Venezuela, España, Italia, que le están diciendo al estado de Jalisco ‘queremos justicia para el caso de Alondra’”, agregó la representante de Amnistía Internacional.
Más allá de la resolución judicial de los casos de feminicidios, las activistas subrayaron que resulta indispensable que en la entidad se fortalezcan otros ejes del acceso a la justicia, como acelerar los procesos para la obtención de la custodia o patria potestad de los hijos de las víctimas a favor de sus cuidadores (en el caso de Alondra el proceso se concretó hasta este año) y que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) juegue un rol efectivo en la reparación del daño.
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FRASE
“Me ha parecido muy lento el proceso en fiscalía (…) Tengo confianza en que se va a hacer justicia. Es lo que yo quiero, justicia para mi hija” Nancy Arias, madre de Alondra
JJ/i