Ciudadanía y control de la corrupción

¿Qué hace que un pequeño sector de la ciudadanía se apropie tanto de una política pública, al grado de no dar margen para que se desmantele? ¿Por qué habría de interesarle a las personas lo que decida un grupo de funcionarios, especialmente si lo que está en juego no se traducirá directamente ni en un perjuicio en su contra ni en un beneficio a su favor? ¿Para qué se involucran, entonces?

De la misma manera, ¿por qué un grupo de funcionarias y funcionarios deberían temerle a un pequeño grupo ciudadano que les pide un diálogo público y abierto? ¿Qué podrían demandarles, exigirles, o con qué podrían amenazarles?

Esas preguntas vienen a cuento porque el pasado martes un pequeño grupo de ciudadanas y ciudadanos, integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado en el tema del control de la corrupción, se reunieron con la plana mayor del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, para plantear la necesidad de que se modifique el procedimiento con el que pretendían seleccionar a funcionarios que tendrán un puesto de segundo nivel dentro del citado sistema.

Debo confesar que, como testigo del hecho, la experiencia fue muy interesante. Ver a un grupo de funcionarios que, unos más que otros, se sentían nerviosos ante la presencia de personas que aparentemente tienen menor poder que ellos no es algo que se ve todos los días. Y lo más interesante fue observar cómo se fue distendiendo el ambiente en la medida en que las ciudadanas y ciudadanos presentes fueron exponiendo sus solicitudes, de manera firme y respetuosa, como quien tiene autoridad.

Y no es para menos, ese grupo de personas han sido insistentes, persistentes y consistentes a lo largo de una década en su esfuerzo por contener y controlar la corrupción, y de hecho participaron en el diseño y puesta en marcha del sistema anticorrupción, y por eso saben lo que está en juego.

Por ese motivo, se indignaron al darse cuenta de que el proceso de selección y contratación de los funcionarios que estarán adscritos a la Secretaría Ejecutiva del sistema, no retomaría la experiencia que tan satisfactoria había resultado, en términos democráticos, de la designación de varios funcionarios de primer nivel del propio sistema, que permitió la supervisión pública de todo el procedimiento, lo que dio oportunidad de que la ciudadanía interviniera cuando lo consideró pertinente, aplaudiendo o abucheando el desempeño de las y los diputados, que son quienes tuvieron a su cargo dichas designaciones..

En ese sentido, me parece que los funcionarios hicieron bien en atender la solicitud ciudadana. Les corresponde sopesar los pros y contras de lo demandado, y decidir, y después de ello rendir cuentas de su decisión, es decir, dar a conocer los criterios que tomaron en consideración, sea cual sea el acuerdo al que lleguen, pues de esa manera contribuirían a que tanto las autoridades como la ciudadanía vayan conociendo, y, en la medida en que sea pertinente, unificando, sus criterios de valoración.

En general, me parece que este suceso es un buen reflejo de lo que ocurre cuando hay gobernanza, es decir, cuando se reconoce que cada una de las partes involucradas en la solución de un problema reconoce que necesita el apoyo de las otras. Y esto es algo que no se puede conseguir por decreto, sino que se construye.

Por otra parte, me queda claro que este acontecimiento se debe a que ese grupo de ciudadanas y ciudadanos reconocen la gravedad del problema de la corrupción, pero no se han rendido ante él, y por lo tanto no se han contentado con descalificar cínicamente a quienes tienen el encargo público de irlo solucionando. Por el contrario, han reconocido que contribuir a controlar la corrupción es lo correcto, y por ese motivo las autoridades no deberían temerles, pues les ofrecen una alianza contra un enemigo común. Ojalá que se den cuenta de ello y acepten su ayuda.

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@albayardo