Policías, partícipes en 1 de cada 3 desapariciones

De las 84 personas que fueron desaparecidas en Jalisco, según quejas presentadas en 2017 y 2018 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en 27 participaron policías municipales, del gobierno del estado o federales. De las 27, se acreditaron desapariciones forzadas en nueve y en las otras 18 se menciona el involucramiento de personal de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE), policías o funcionarios municipales, policías estatales y personal de la Marina.

La conclusión pasma: de cada tres personas a las que desaparecieron en Jalisco, en una se comprobó que participaron o se indica que participaron policías de la entidad, en mayor proporción. Las otras 57 desapariciones las cometieron particulares.

El dato de los 27 desaparecidos por servidores públicos es apenas un pequeño reflejo de cómo la delincuencia labora de la mano de policías, especialmente estatales o municipales, porque sólo se refiere a desapariciones. La cifra seguramente sería escandalosa si se incluyeran otros delitos como los robos a casas habitación, afuera de los cajeros o de vehículos, asaltos en plena calle, etcétera, en que están involucrados elementos de corporaciones jaliscienses. La dimensión de los estrechos lazos entre parte de los policías se desconoce, pero la muestra de las desapariciones es un indicador.

De las 73 quejas acumuladas para emitir la recomendación 25/2019, dada a conocer la semana pasada, se desprende que en 20 casos se realizó un señalamiento sobre la intervención de algún servidor público municipal, del gobierno del estado o federal. En ocho quejas se mencionó a personal de la desaparecida FGE; en dos, a policías de Tonalá; en una ocasión, a elementos de la Policía de Guadalajara, Tlaquepaque, La Barca, Autlán de Navarro, Tecalitlán, San Miguel el Alto y Tecolotlán, y en un caso, a empleados del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, policías del estado y en otro a personal de la Marina.

La investigación revela que en las desapariciones se pudieron constituir 36 omisiones e irregularidades. Las tres más numerosas son: en prácticamente todos los casos no se realizó mando y conducción precisos en las carpetas de investigación ni las diligencias de investigación adecuadas en las averiguaciones previas, por parte de los agentes del Ministerio Público; en 88 por ciento de las quejas resueltas hubo dilación en carpetas de investigación o averiguaciones previas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas, y en 81 por ciento se tardó la policía investigadora.

“Las desapariciones en Jalisco, entonces, apuntan a una situación no sólo estructural, sino sistémica, en donde la atención pública representa el más complejo de los desafíos: superar las áreas estatales que estarían trabajando en colaboración horizontal, o bien, vertical, ya sea en forma ascendente o descendente, con el crimen organizado para la comisión del delito”, indica la recomendación.

Y añade: “Los casos en los que ha CEDHJ ha tenido conocimiento en este estudio develan, pues, un matiz generalizado de la desaparición en el estado. Casi endémico, al entenderlo como una expresión de una economía ilegal, paralela o inserta en la dinámica de Jalisco. La visión que estudia a las actividades del crimen organizado bajo una lógica empresarial, facilita el entendimiento de la mercantilización de las personas, reconfigurándolas como objetos para la concreción de productos/servicios diversificados (lavado de dinero, protección, sicariato)”.

La desaparición de personas en Jalisco está en la lógica de satisfacer necesidades de una economía ilegal anclada en el terror y la muerte.

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JJ/I