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Y resolver Magistraturas
A creerle
María González, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), dijo que se solicitó a los nueve municipios de la Zona Metropolitana, al Siapa y también a la Comisión Estatal del Agua datos sobre la distribución y disponibilidad del vital liquido para los ciudadanos, dijo en entrevista con Sonia Serrano en el #InformativoNTR
“En el caso de los municipios, estos no respondieron correctamente a las solicitudes de información, sobre la cantidad de personas que no tienen agua, qué colonias son y dónde están ubicadas. Supuestamente, el proyecto de El Zapotillo pretende solucionar el abastecimiento de agua, pero el gobierno de Enrique Alfaro no transparenta la información, y continúa con la construcción sin realizar alguna consulta de participación ciudadana”.
La investigadora dijo que el agua que se pretende enviar desde la Presa de El Zapotillo no llegaría a las colonias con marginación y desigualdad que no tienen acceso, por lo que el argumento de Alfaro para destrabar el proyecto no es suficiente.
“El proyecto es costoso, no resuelve el abastecimiento del agua, porque tampoco atiende a las personas que lo necesitan. Si no se transparenta cuántas personas tienen acceso al agua, cuántas pagan por el servicio, el gobierno está cerrado porque no hay información disponible ni debate sobre las alternativas para la Presa de El Zapotillo. Sólo se está imponiendo y no se quiere transparentar el proceso de la construcción”.
Las empresas constructoras y las realizadoras de fraccionamientos acaparan el agua, lo que provoca una gran desigualdad en diversas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dijo la investigadora del IMDEC.
“La política del agua tiene que ser mas equitativa y sustentable. Debe implementar otras políticas de manejo del agua con la ciudadanía, no se puede ocultar la información, sobre los estudios en los que se basa la cuenca el Zapotillo.
Añadió que a pesar de que el argumento de Alfaro es que esta agua se usará para el consumo humano, es evidente que desde hace 14 años se ha violado el derecho humano a recibir el vital líquido.
“El gobierno de Jalisco está obligado a publicar la información, Jalisco tiene que debatir las alternativas para encontrar soluciones de una obra que ha tenido sobreprecios y corrupción. Se está pidiendo que se proporcione información, en condiciones de desigualdad, lo segundo las comunidades piden que el gobierno federal y los de Jalisco y Guanajuato reparen los daños de una comunidad que está siendo forzada a cambiar su lugar de residencia”.
EG