La Línea 3 y la impunidad 

Las declaraciones de la autoridad federal en torno a las obras de la Línea 3 de Tren Ligero hacen pensar que habrá un borrón y cuenta nueva en torno a las irregularidades que se registraron desde que el proyecto se licitó. 

La obra prácticamente duplicó su costo y el tiempo de construcción va en más del doble de lo programado. Sin embargo, el director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Manuel Gómez Parra, descartó en una entrevista que existan procesos vigentes por esas inconsistencias. 

Las irregularidades en las obras fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a lo largo de todos los ejercicios en los que se han destinado recursos para la Línea 3; es decir, desde 2014 se hicieron las primeras observaciones por anomalías en las licitaciones. En la página web del órgano de fiscalización una parte importante de esos señalamientos persisten y no todos han sido solventados, como aseguró el funcionario. 

Lo que sucedió en las licitaciones es muy importante, porque es el origen de lo que posteriormente fue un caos. Según se desprende de los informes de la auditoría, se cometieron faltas que permitieron beneficiar a determinadas empresas. 

En una investigación especial realizada por reporteros de Canal 44 y El Diario NTR Guadalajara, con el apoyo de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, se logró documentar que esas empresas beneficiadas en las licitaciones forman parte de las favoritas del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien entregó contratos por miles de millones de pesos a lo largo de su sexenio a empresarios con los que mantenía cercanía. 

Esas empresas incumplieron con las especificaciones de los contratos y planes de trabajo. Sin embargo, en lugar de emprenderse los procedimientos para sancionar o recuperar las fianzas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó decenas de convenios en los que modificó los plazos y montos de la obra. 

Lo anterior, sin contar la firma de nuevos contratos para obras que permitieran subsanar los daños causados por la construcción de la Línea 3. 

Según el gobierno federal, por ejemplo, los daños causados a fincas y edificios históricos no son responsabilidad de las empresas que construyeron el túnel. Por el contrario, Manuel Gómez aseguró que realizaron obras de conservación de esos edificios para cuidar el patrimonio de la ciudad, sin estar obligados, pues la antigüedad y la falta de cimentación adecuada los hacía vulnerables. 

Tal vez el funcionario federal tiene razón sobre las características de edificios como los templos de San Francisco y San José de Gracia, el Museo del Periodismo y la Catedral, pero antes de las obras de la Línea 3 los edificios no habían manifestado esas fallas. 

También aseguró que la zona de Alcalde Barranquitas siempre ha registrado inundaciones. Pero los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y, sobre todos los vecinos afectados, sabemos que no en las proporciones de 2018. 

Es cierto que a estas alturas lo más importante es que la Línea 3 comience a funcionar, después de más de cinco años en construcción, con todos los problemas viales y las molestias que causó a los habitantes de Guadalajara. Pero la revisión de lo que sucedió en torno a las obras, los retrasos, sobrecostos y daños no debe desdeñarse. 

El problema es que posiblemente los convenios que firmó la SCT para modificar los contratos originales se conviertan en el salvoconducto que permita a las empresas que construyeron la obra entregarla y quedar libres de señalamientos. Así, podríamos estar ante un nuevo caso de impunidad. 

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