Lucrar con la salud o defender un derecho

Desde el ámbito local y nacional, hasta la escala mundial, diversos asuntos relacionados con la salud parecen cobrar especial importancia. Por un lado, hay interés y preocupación en el país sobre las novedades y ventajas que puede representar la política de salud respecto de lo que en los sexenios anteriores se propuso y realmente se hizo. Por otra parte, en el ámbito internacional, la crisis generada por los brotes de coronavirus obliga a reforzar las medidas de alerta y la prevención efectiva para cercar el virus y evitar su propagación. 

El punto de partida y criterio es que la salud es un derecho de todos los mexicanos. En consecuencia, todas y todos deberíamos tener acceso a la atención y a los servicios de salud, que el Estado debe asegurar y proveer. Históricamente ese derecho se ha vinculado al trabajo formal: quienes tienen empleo deben ser atendidos por el IMSS o por el ISSSTE, y quienes no son empleados formales, quienes trabajan por su cuenta, tienen empleo esporádico o trabajan en el campo, sólo tienen acceso a los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. 

La pregunta central es, ¿en qué se diferencia la propuesta que el actual gobierno pretende llevar adelante a través del Insabi respecto del Seguro Popular y los esquemas de atención a la salud que se desarrollaron anteriormente? 

Los postulados del actual gobierno en materia de salud son ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, una meta que se pretende alcanzar en un año, para garantizar el derecho a la salud al pueblo de México y una atención médica de calidad. Basificar a cerca de 17 mil trabajadores del sector salud, que llevan más de 12 años sin certidumbre laboral, con lo que se ofrecerá estabilidad y respaldo a quienes laboran en las instituciones de salud vinculadas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Se pretende informar a la población de los avances, programas y metas específicas, cada semana. 

Los anuncios suenan bastante bien, pero lo que ha postulado el gobierno de la república claramente implica que el derecho real y efectivamente pueda ejercerse, lo que incluye el acceso toda la población a los servicios que el sector salud deberá ofrecer, que incluye la disponibilidad de medicamentos, desde la clínica de salud más modesta, hasta el hospital regional del más alto nivel de especialidad. 

Partiendo de la experiencia más reciente, justo aquí es donde debe quedar claro qué hará la Secretaría de la Función Pública y ahora el Tribunal de Justicia Administrativa con los funcionarios coludidos con las empresas más poderosas que tienen en sus manos el abasto de los medicamentos, como son Pisa y las dos empresas de Carlos Lomelí, Solfrán y Lomedic. A lo más serán inhabilitadas como proveedoras o en el caso del exfuncionario, enfrentará faltas administrativas. Sancionar a quienes no cumplen con garantizar el derecho a la salud o esconden los medicamentos es fundamental, pero realmente el gobierno tiene otras posibilidades para garantizar el abasto de medicamentos como los que requieren los tratamientos de cáncer infantil y otras enfermedades crónico-degenerativas, con otros proveedores. 

Por otra parte, es necesario que haya incentivos para que el postulado de primero los pobres, no se quede en eslogan. Atención accesible y de calidad en los centros de salud y clínicas de primer nivel es lo que hace falta reforzar, pues en muchos casos, de la buena atención, de un trabajo preventivo y del acceso real a medicamentos, depende que muchas vidas se salven. 

Qué pueden hacer los gobiernos federal, estatales y locales para que los ciudadanos tengamos muy buenos médicos en las colonias populares o en las clínicas rurales, para activar a la población en educación para la salud y muchas más iniciativas que mejoren nuestra salud y nos permitan ejercer plenamente ese derecho. 

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