Zapotillo, una presa llena de dudas 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece no tener prisa para decidir qué es lo que hará con la obra de la Presa El Zapotillo, más allá de los recursos que ha asignado en 2019 y 2020 para el mantenimiento y la seguridad. 

Desde aquel día en que los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, visitaron Palacio Nacional para asegurar al mandatario que se habían alcanzado los acuerdos para reanudar la obra, transcurrieron seis meses sin que haya avances o se anuncie que se descarta. 

Ese mismo día, López Obrador recibió a los representantes de los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que serían inundados con el llenado de la presa, así como de los productores de los Altos. Después de escuchar a todas las partes, el presidente pidió la instalación de una mesa de trabajo en la que todos expusieran su punto de vista. 

La historia tiene un nuevo capítulo, que muestra el poco interés del gobierno federal en este proyecto, pues al responder una solicitud de información del abogado Alejandro López Aguayo, aclaró que la mesa de trabajo sólo será de carácter informativo y no para tomar una decisión. 

Para una parte de los afectados esta postura del gobierno federal podría ser positiva porque podría significar que se tomará en serio la revisión del tema y no le dará seguimiento en automático, como ha sucedido con las administraciones local y federal anteriores. Sin embargo, el problema es que al mismo tiempo la incertidumbre continúa. 

Pero eso no es todo. Conforme transcurre el tiempo empiezan a abrirse grietas entre quienes no están de acuerdo con la obra, pues mientras los pobladores de las comunidades a inundar han alargado el encuentro, los productores de los Altos empujan para que la mesa ya se instale. 

Por su parte, los gobiernos de Guanajuato y Jalisco han optado por el silencio. La prisa que habían mostrado a mediados de 2019, cuando firmaron un nuevo acuerdo para la distribución del agua, ya no existe y por el momento parecen quedarse al margen. 

No todos ven ese silencio como algo positivo. Hay quienes consideran que este espacio ha servido para que el Consejo Consultivo del Agua, que es una especie de operador a favor de la presa, teja acuerdos para impulsar la reactivación de las obras, con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, que no ha quitado el dedo del renglón de este proyecto, y de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. 

Esta situación ha generado al mismo tiempo algunas discrepancias entre los opositores a la presa, pues hay quienes consideran que ante las declaraciones del presidente de la República, en el sentido que no se demolerá la cortina, se tendría que aprovechar para que ese embalse retenga agua, pero sin el trasvase. Es decir, que la cortina se quede en los 80 metros, que no se llene en su totalidad y que el agua sea sólo para Jalisco. Esto eliminaría el negocio del agua para particulares y sus aliados en los gobiernos, pero también salvaría a los tres poblados. 

La visión desde las comunidades no es la misma, pues consideran que mientras el proyecto de la presa siga vivo, ellos estarán permanentemente en riesgo. Por ello, aseguran que no irán a ninguna mesa de negociación si no hay reglas claras sobre el funcionamiento de la misma y lo que pretende el gobierno federal con la información que ahí se recabe. 

Mientras, la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, que encabeza Lázaro Cárdenas Batel, respondió a una solicitud de información que la mesa de trabajo será solo informativa y no para resolver el futuro de la presa. Es decir, la duda persiste y el tiempo transcurre, sin certeza sobre los planes de López Obrador para esta obra. 

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