Militarización, la nueva normalidad

En diciembre de 2006, el entonces recién nombrado presidente de la República, Felipe Calderón, quien, por cierto, tuvo que entrar a escondidas a la sede de la Cámara de Diputados a rendir protesta, dio inicio a la guerra contra el narcotráfico, sin tener evidencias de ningún tipo que justificaran dicha acción. 

Algunas personas criticamos públicamente la decisión debido a que preveíamos que traería como consecuencia un enorme incremento de la violencia en México, lo cual efectivamente ocurrió, como era de esperarse, pues la falta de información y de estrategia provocó la fracción de los grandes cárteles de la droga que coexistían más o menos pacíficamente, cada uno con su territorio y especializado en un tipo de droga en particular, en un enorme conjunto de pequeños cárteles que comenzaron a competir violentamente entre sí. 

Lo siguiente que ocurrió fue la diversificación de los negocios de los narcotraficantes, que empezaron a incidir en otros campos de la delincuencia organizada, como el secuestro o el cobro de derecho de piso; primero a los denominados giros negros, entre los que se encuentran los bares y antros, para luego comenzar a cobrar a los giros blancos, desde zapaterías a peluquerías. 

A todo esto, además, hay que agregarle el enorme poder corruptor del narco, como había quedado en evidencia cuando en 1997 se condenó a la cárcel al general de División José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien justamente estaba encargado en aquel entonces de coordinar las acciones de combate al narcotráfico. 

Hasta donde podemos observar, el narcotráfico, que maneja un volumen de recursos mucho más grande que otras formas de delincuencia organizada, tiene dos maneras básicas de corromper a quienes deberían de combatirlos: plata o plomo. Es decir, recurre a suscitar la codicia, ofreciendo sumas enormes de dinero a cambio de la complicidad o, por otra parte, amenaza con violencia en contra de la autoridad, o peor aún, en contra de sus seres queridos, quienes son altamente vulnerables en una situación de tanta corrupción como la de México. 

De modo que enviar al Ejército a cuidar la seguridad pública, sin fortalecer a los cuerpos policíacos ni mejorar los procedimientos judiciales, nos deja en una situación muy vulnerable ante personas entrenadas para matar, no para detener e inhabilitar, pues en caso de que cometieran un error fatal, quedarían en la impunidad si les demuestran a sus superiores que sólo siguieron las órdenes que les dieron. Esto sin considerar que algunas secciones del Ejército podrían estar al servicio de algún narcotraficante, como al parecer ocurrió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. 

Por todo lo anterior era de esperarse que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador eligiera una estrategia de seguridad diferente, especialmente porque cuando se encontraba en la oposición él mismo se opuso a que las Fuerzas Armadas llevaran a cabo tareas que no les corresponden. Sin embargo, en vez de elaborar un plan de trabajo que permitiera que el Ejército regrese gradualmente a sus cuarteles, sin dejarnos a merced de la delincuencia, lo que ha hecho es determinar que la participación del Ejército en esas labores se terminará abruptamente en 2024. ¿Será que piensa, “después de mí, el diluvio”? 

El hecho es que no tenemos una estrategia pública que nos brinde la paz que requerimos, y que nos permita concentrarnos en los temas que tienen que ver con la posibilidad de que cada persona pueda desarrollar al máximo su propio potencial. ¿Y el Congreso? 

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@albayardo 

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