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Crucificándose
Empiezan las campañas
Desde que Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narco usó la institución del Ejército mexicano como una herramienta política. Aprovechándose de la popularidad de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha perpetuado ese uso.
Ayer, el periódico Reforma publicó una encuesta en que 78 por ciento de las personas se pronunciaba a favor del uso del Ejército y la Marina Armada de México para realizar tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años. Sólo 13 por ciento de los encuestados estaba en contra de la orden del presidente de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
El primer detractor de la política pública iniciada por Calderón en diciembre 2006 había sido López Obrador, en ese momento autodenominado presidente legítimo de México.
Por muchos años, la decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública fue un tema permanentemente criticado por el ahora presidente constitucional de México. Fue uno de los estandartes que lo llevó a ganar las elecciones de 2018 con la consigna populista de abrazos, no balazos.
La gente estaba harta de que la inseguridad, antes que reducirse primero en el sexenio del Felipillo Valiente y después en el de Enrique Peña Nieto, se hubiera multiplicado. López Obrador consiguió persuadir a una importante parte del electorado de que la paz llegaría con una estrategia para retirar a los militares y marinos de labores que corresponderían a la policía. No fue el único factor que le dio la victoria, pero contribuyó bastante.
Sin embargo, siempre hubo un amplio sector de la sociedad que tuvo fe en las labores de los soldados y los marinos, lo cual ha documentado consistentemente el Inegi desde hace años en sus encuestas sobre percepción de seguridad y otras de consultorías privadas.
Los grupos defensores de derechos humanos han reiterado su oposición a la permanencia de los elementos castrenses en labores de seguridad, pero no han logrado disuadir a los tres gobiernos de la prolongada guerra contra el narco y ahora contra todo tipo de ilícitos.
La medida de mantener al Ejército y la Marina fortalece la lucha contra la inseguridad pública, según 78 por ciento de las personas encuestadas por Reforma, contra el 22 que lo niega.
También la academia se ha opuesto a la seguridad pública militarizada y, junto con las organizaciones civiles, exigió mecanismos para que la Guardia Nacional perdiera el carácter completamente militarizado con que López Obrador había planteado el borrador de la ley para crear ese órgano de seguridad, dándole características civiles, mando civil y un período de transición para reconvertir al personal castrense que se había incorporado en su formación.
Ante un panorama incierto que podría dificultar esa transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo completamente civil, el presidente optó por validar la política bélica de sus predecesores con un derrotismo ventajoso, bajo el argumento de que no existe la capacidad para retirar por ahora a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad, dándoles amplias facultades.
Definitivamente se acabó el “fuchi, guácala” por el que tanto fue criticado, aunque sólo existió en el discurso hablado, porque en la práctica el poder militar se fue consolidando gradualmente.
El uso de López Obrador de las Fuerzas Armadas es una argucia más en una historia plagada de hipocresía y cinismo, haciendo lo contrario de lo que dice: contra su postura histórica de criticar el militarismo.
Es aterrador pensar lo que podría pasar en estos tiempos que un jefe de Estado puede verse tentado a ejercer un control supresor de las libertades.
Twitter: @levario_j
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