Consejeros de la Judicatura y seis universidades locales

Para la designación de los tres integrantes del Consejo de la Judicatura, el Congreso del Estado puso en marcha un proceso que culminó en decisiones vergonzosas, descaradas, autoritarias y hasta ilegales. La fracción mayoritaria de Movimiento Ciudadano (MC) se mostró de nuevo como heredera de prácticas del PRI maniobrero, con la complicidad del PAN y aliados menores. Con la actuación bajo consigna, la mayoría de los legisladores, salvo dos que fueron agudos críticos, rompieron hasta sus propios acuerdos. El Poder Legislativo quedó manchado otra vez y ratificó con esta decisión que tiene sustento la desconfianza de los ciudadanos a la clase política, incluidos los diputados. 

Para nombrar a los nuevos consejeros de la Judicatura, el Congreso local invitó a organizaciones civiles, al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción y a las principales universidades locales. Cada una observó los pasos seguidos y actuó de buena fe, en distintas fases del proceso. Su participación fue importante, necesaria, colaborativa. Se requería un proceso legislativo que pusiera por delante los intereses de los ciudadanos, no de los partidos políticos ni de los personajes o grupos de poder que meten mano y se reparten los espacios de los tres poderes como botín; en este caso, el Poder Judicial. 

Sin embargo, la decisión mayoritaria del Congreso del Estado hizo a un lado el trabajo de las instituciones y organizaciones externas. Echó por la borda lo que hicieron. El CPS mostró su disenso con la aprobación por parte de la Legislatura del acuerdo en que se declaran elegibles todas y todos los aspirantes al Consejo de la Judicatura. Los diputados, advirtió, no respetaron la convocatoria que se aprobó. Adicionalmente descartó las aportaciones de las universidades y, por tanto, desincentivó su participación. Lo cual deja libre el camino para procesos de nombramientos discrecionales que fomentan la fórmula de designaciones basada en “cuotas y los cuates”. 

El CPS apuntó este jueves 18, cuando estaba en marcha la aprobación, que avalar como elegibles a todas las personas aspirantes, a partir del argumento de las dificultades del examen de conocimientos, deja de lado el problema más importante del Consejo de la Judicatura: la trayectoria pública (integridad y honestidad) de sus integrantes. Este elemento, añadió, es el que precisamente valoró el comité, junto con universidades y especialistas. Por tanto, el informe con la evaluación curricular elaborado por el CPS, se convierte en el único insumo objetivo y legalmente válido de la convocatoria y que está construido desde la ciudadanía. 

A las seis universidades (UdeG, UP, Univa, UAG, ITESM campus Guadalajara e ITESO) se les invitó a diseñar, aplicar y calificar la evaluación teórica y práctica, y destinaron académicos, tiempos y recursos. Aún están a tiempo de hacer un pronunciamiento público, crítico y a profundidad sobre lo sucedido. No callarse, no opinar cada una por su lado, no cuestionar a través de alguno de sus órganos, sino de manera institucional, incisiva, clara y directa. Se les invitó a participar para luego desechar su trabajo, con argumentos que legitiman una decisión que deshonra al Poder Legislativo.  

Vienen más nombramientos relevantes para la vida pública de Jalisco. Con estos antecedentes, el Congreso del Estado perdió más credibilidad. Dejar exclusivamente en sus manos el proceso para designar magistrados, un consejero del Instituto de Transparencia, un integrante del CPS, otro de la Unidad de Vigilancia y los de la Comisión de Selección sería asistir de nuevo al reparto de cuotas y cuates entre los partidos políticos y sus personeros. 

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