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Ingenuos
El abogado de Ovidio
En 1767, el marqués de Croix, capitán general del Reino de la Nueva España, emitió un bando en el que daba a conocer que el rey de España había ordenado la expulsión de los jesuitas de todos los territorios bajo su mando, por lo que el marqués a su vez ordenaba a todos los residentes de la Nueva España a ayudar en la ejecución de la real orden, al mismo tiempo que prohibía que ese asunto se discutiera, ya fuera en público o en privado, de palabra o por escrito, haciendo notar que “de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.
La frase con la que cerró su bando el marqués de Croix refleja muy claramente la perspectiva autoritaria del gobierno, la de quien considera que el pueblo no tiene nada que comentar, y que el gobernante sólo tiene que rendirse cuentas a sí mismo, o en todo caso a la divinidad que le otorgó el cargo. Es claro que esa mentalidad es totalmente incompatible con la manera en que se debe ejercer el poder en una democracia republicana, en la que se reconoce que todas las personas tienen la misma dignidad, y quienes ejercen el poder lo hacen porque el pueblo se los ha delegado, y por lo tanto deben de rendirle cuentas a ese mismo pueblo del uso que hacen del poder.
Esto lo traigo a cuento porque en esta semana, el diputado Salvador Caro, coordinador de la coalición mayoritaria en el Congreso de Jalisco, impulsó un punto de acuerdo con el que se pretendió descalificar al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con argumentos que en última instancia se remiten a los del marqués de Croix, ya que le molestó que el comité señalara públicamente que el Congreso violó las reglas del juego que acababa de aprobar para la designación de integrantes del Consejo de la Judicatura, asunto al que me referí en este mismo espacio hace algunas semanas.
La situación es grave porque el partido Movimiento Ciudadano tenía como discurso de campaña que en Jalisco el pueblo manda, y que era hora de refundar al estado, bajo la premisa de que se requería una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, en la línea de la gobernanza, como la ha definido el doctor Luis F. Aguilar.
El mismo doctor Aguilar ha expuesto en varios de sus trabajos que la propuesta de una nueva gobernanza surgió después de que se pudo constatar que la sociedad no es el problema, como lo suponía el enfoque de la gobernabilidad, que asumía que la sociedad “por definición, es ingobernable, limitada o destinada a conflicto y crisis” o que carece “de las capacidades básicas para asegurar su supervivencia y bienestar”. Ese enfoque asumía como actor fundamental y suficiente al gobierno.
Por otra parte, sigue comentando el doctor Aguilar, en las condiciones actuales es claro que un gobierno experto y competente sigue siendo necesario, pero es insuficiente, porque la complejidad de los problemas que enfrentamos requiere pasar “de un estilo jerárquico centralizado y vertical de gobernar a un estilo asociado e interdependiente del gobierno con las organizaciones privadas y sociales, (…) a gobernar mediante coordinación (…), iniciativas de diálogo, discusión, entendimientos, negociaciones, acuerdos y compromisos con los actores clave (…), que toman la forma de coordinación, colaboración y corresponsabilidad público-privada-social en la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos de inversión y prestación de servicios”.
Valdría la pena que quienes nos gobiernan relean sus discursos de campaña.
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jl/I