¿Y los usos de suelo?

De manera silenciosa y con una estrategia jurídica diseñada desde la administración municipal anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara encontró ya una salida para permitir la construcción de edificios con niveles superiores a los que permiten los planes de desarrollo vigentes. El esquema es muy parecido al que se empleó en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, con el que se “enderezaron torres chuecas”. 

Esta estrategia ha sido implementada en el distrito Minerva, donde los planes parciales aprobados en 2018 por el municipio fueron suspendidos por un tribunal federal, por lo que no entraron en vigor. A pesar de ello, los permisos de construcción se conceden con estos usos de suelo y no con los de 2004, que son los que se mantienen vigentes. 

Todo esto ha permitido que las obras de edificios, especialmente en Providencia y El Country comiencen, sin importar incluso acciones legales o suspensiones concedidas por el Tribunal de Justicia Administrativa o por jueces o magistrados federales. 

En el gobierno municipal anterior, que encabezó el ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se diseñó una estrategia a través del Mecanismo de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas. Con éste, se regularizaron torres de departamentos cuya altura violaba los pisos permitidos por el uso de suelo, a cambio de pagos o acciones presuntamente a favor de la ciudad. 

En el actual gobierno ahora se regularizan edificios, pero desde los permisos de construcción, con el argumento que los usos de suelo vigentes quedaron “desfasados de la realidad urbanística actual” y no son congruentes con los instrumentos de planeación superior. 

Un ejemplo de esta práctica la dio a conocer el periodista Luis Herrera en la edición del 30 de abril del año pasado en Reporte Índigo, con la autorización para construir un edificio en la colonia Providencia. Pero no es el único caso. Recientemente también se usó ese mismo argumento para autorizar una torre de departamentos en la calle Mar Tirreno, número 62, en El Country. 

El proceso que se siguió en ambos casos fue el mismo. Primero, la Dirección de Ordenamiento del Territorio emite un dictamen de trazos, usos y destinos con un número de pisos autorizado inferior al que solicita el desarrollador inmobiliario. En el caso del Country, pidió ocho pisos y sólo se le autorizaron tres, que son los que permite el plan parcial. 

Con esa resolución, el particular presenta un recurso de revisión que es resuelto por el Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en materia de Desarrollo Urbano, el cual es encabezado por el presidente municipal Ismael del Toro e integrado por otros cinco funcionarios municipales. 

De esta manera, la autoridad municipal es la que niega el permiso, revisa por qué lo negó y después resuelve que siempre sí lo otorga, dejando a un lado argumentos como la falta de infraestructura o que el inmueble se encuentra en zona de inundaciones, según el primer dictamen. 

Todo lo anterior al margen de que los ciudadanos que resultan afectados con las obras promuevan juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa o amparos ante juzgados y tribunales federales. 

El argumento de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad es que la legislación en materia de desarrollo urbano los obliga a permitir el desarrollo sostenible y cita la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sin embargo, el Código Urbano para el Estado de Jalisco señala que los programas y planes de desarrollo urbano aprobados y publicados son obligatorios y su inobservancia implicará sanciones “administrativas y penales”. 

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