Anticorrupción sin dientes

Una vez superada la crisis que vivió el sistema anticorrupción por el embate a uno de los integrantes del Consejo de Participación Social sería importante que el sistema aproveche para hacer un ejercicio de introspección para encontrar los puntos que lo hacen vulnerable de cara a las autoridades. 

La necesidad de un sistema anticorrupción independiente y autónomo está fuera de toda discusión. Sin embargo, algunas de las instituciones que conforman este sistema no han sabido ejercer sus atribuciones, en ocasiones por presiones, otras porque creen que es mejor no incomodar o simplemente por comodidad. 

Un botón de muestra es el informe que envió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre la investigación por la renta de dos tráileres para depositar cuerpos que ya no cabían en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. A dos años de los hechos y a más de un año de comenzar con las carpetas de investigación, los avances son nulos. 

El informe fue elaborado a petición del Congreso del Estado y fue remitido por la Secretaría General de Gobierno, incluyendo los reportes de la contralora María Teresa Brito Serrano y del fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar. Según el documento, hay al menos siete carpetas de investigación, seis que incluye el informe de la fiscalía, una de ellas presentada por la Contraloría estatal, y otra más que también está en la fiscalía, pero que no fue incorporada en el informe de De la Cruz Tovar. 

En el resumen de las carpetas de investigación que entregó el fiscal se puede encontrar una larga lista de pretextos por los que no se ha encontrado a los responsables: funcionarios que fueron citados para declarar y no han acudido, peritajes que se solicitaron y no se realizaron o documentos que se pidieron y no se entregaron. De la lectura de ese texto podríamos concluir que el trabajo de la fiscalía no se toma en serio. 

La pregunta que surge ante los argumentos del fiscal de por qué no ha utilizado medios de apremio efectivos para que se atiendan sus indicaciones. De nada sirve una fiscalía anticorrupción que no es respetada. 

En el documento que remitió el fiscal se da cuenta, por ejemplo, de un chofer del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que recibió un cuerpo de un policía de San Pedro Tlaquepaque y fue citado a declarar, pero no ha acudido. Y no es el único caso, pues también se han solicitado entrevistas con quienes conformaron la Junta de Gobierno, sin que haya una respuesta. 

Pero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no es la única dependencia relacionada con el sistema anticorrupción cuyos resultados no están claros. El Tribunal de Justicia Administrativa bajó considerablemente su perfil después que se congelaran las cuentas bancarias de los magistrados Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, justo cuando el gobernador Enrique Alfaro levantó la mano para encabezar una cruzada nacional contra la corrupción en el Poder Judicial. 

Tampoco hemos tenido un Instituto de Transparencia enérgico ante el incumplimiento de obligaciones en la materia y, si bien la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) dio unos pasos al publicar por primera vez un informe de las auditorías que realiza, las correspondientes a 2018, todavía se permite que en el Congreso del Estado se siga tomando en la práctica la última palabra para quitar cargos de las cuentas públicas. 

En cuanto a la Contraloría del Estado, su trabajo en la actual administración ha sido callado y después de concluir que sí hubo irregularidades en la licitación del programa A Toda Máquina, no hemos vuelto a conocer algún resultado de sus revisiones. 

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