Jalisco feminicida

El feminicidio de Alondra y Liliana en Poncitlán, el que se registró en Puerto Vallarta cuando Javier N atropelló a su pareja y el ataque a Sandra Paola por parte de su esposo, cuyas heridas la mantienen hospitalizada, parecen una mala coincidencia en fechas. Pero no es así. Los hechos violentos contra mujeres y en particular la violencia intrafamiliar son desde hace años un problema que en Jalisco no se ha podido resolver o, más bien, no se ha querido resolver. 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 35 feminicidios en Jalisco, con lo cual el estado se colocó en el noveno lugar nacional. Sin embargo, también se reportaron 180 homicidios dolosos de mujeres, con lo cual la entidad sube al sexto lugar nacional y, como complemento, 271 homicidios culposos, que ya nos ubican en el tercer sitio. 

Lo anterior significa que en la entidad fueron asesinadas 486 mujeres. La clasificación de los homicidios según sus características sigue siendo parte del debate. 

Pero más allá de los números, lo que se vuelve significativo es lo que ha sucedido en torno a cada una de esas historias y que permiten reflexionar si pudieron evitarse. 

Al declarar sobre el feminicidio de Alondra y Liliana, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que era “difícil predecir y controlar la conducta de los agresores”. Es cierto, atender la violencia cuando sucede puertas adentro de una casa suele implicar mayores dificultades para las autoridades, pero la falta de garantías de seguridad sí es una falla en su responsabilidad que debería tomar en cuenta. 

Alondra y Liliana fueron asesinadas en una oficina de la Fiscalía del Estado que, en teoría, tendría que ser un espacio de seguridad para una mujer que decide denunciar la violencia de la que es víctima. Así como sucedió con Vanesa en 2019, quien en 16 ocasiones había pedido apoyo a las autoridades hasta que, un día que era seguida por su marido, creyó que podía llegar a Casa Jalisco, la vivienda del gobernador, rodeada de policías, para resguardarse. Todos conocemos el desenlace: ahí mismo fue asesinada. 

La violencia contra las mujeres no es una novedad. El incremento en los delitos que se cometen en Jalisco llevó en el gobierno anterior, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a revisar la declaración de la alerta local de género. Hubo oposición. Quienes formaron parte del proceso han relatado que, en el gabinete, funcionarios de alto rango intentaron convencer al ex mandatario de que eso marcaría su gestión. Quien en su momento ocupaba la Fiscalía, Eduardo Almaguer, apoyó el proyecto presentado por la ex directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, por lo que en febrero de 2016 finalmente salió la declaratoria. 

Detrás de esa decisión estaba el trabajo intensivo e integral de colectivos y académicas. En esencia, permitió admitir que Jalisco tenía un problema de violencia hacia las mujeres y que necesitaba establecer políticas públicas para enfrentarla y erradicarla. 

A esta alerta se sumó la que en noviembre de 2018 emitió la Secretaría de Gobernación. 

Entre ambas declaratorias hubo trabajo intenso de seguimiento e instalación de los grupos y mesas de trabajo. Sin embargo, con la llegada de los nuevos gobiernos estatal y federal se fueron desdibujando. 

La detención de los responsables de los tres hechos mencionados al comienzo de este texto es muy importante y muestra que, cuando hay interés en resolver los casos, se pueden abrir líneas claras de investigación. Sin embargo, lo que en este momento necesitamos es hacer un alto y revisar por qué hemos dado solo pasos hacia atrás. 

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