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Plantea oposición alternativa a PVR

DESDE EL CONGRESO. El modelo fue respaldado por el colectivo ciudadano Afinación Sí, Verificación No.  (Foto: Especial)

Diputadas y diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo, así como integrantes del colectivo ciudadano Afinación Sí, Verificación No, presentaron una iniciativa que busca sustituir al Programa de Verificación Responsable (PVR) por un esquema denominado “financiación ciudadana obligatoria”. La propuesta, afirmaron, surge de la indignación social frente a un sistema considerado ineficiente, costoso y opaco.

En rueda de prensa, la diputada morenista Itzul Barrera Rodríguez aseguró que la propuesta “nace del hartazgo y el reclamo legítimo de miles de jaliscienses que han exigido un modelo justo, que realmente proteja el medio ambiente y no castigue a quienes menos tienen”. Subrayó que el esquema actual, concesionado a la empresa extranjera World Wide Environmental Products (WEP), ha derivado en abusos económicos, afectaciones a vehículos y escasa eficacia ambiental.

La iniciativa plantea un modelo que promueve la responsabilidad ambiental mediante talleres certificados, reglas claras y sin cobros excesivos. Según los legisladores, el actual programa ha fallado tanto en su objetivo ecológico como en su diseño financiero: apenas 1.5 de cada 10 pesos del Fondo Verde han sido destinados a proyectos ambientales y se estima un costo acumulado de más de 7 mil millones de pesos para 2038.

Por su parte, el coordinador de los morenistas, Miguel de la Rosa Figueroa, acusó al gobierno estatal de haber instaurado un sistema “recaudatorio y excluyente” al otorgar la exclusividad a una empresa privada para realizar la verificación. 

La propuesta también es un homenaje a Abraham Alejandro Gobel Gómez, activista ambiental miembro de Afinación Sí, Verificación No que fue asesinado en noviembre de 2024. Antes de ser asesinado, encabezó una iniciativa ciudadana con más de 6 mil firmas para sustituir el modelo actual de verificación.

Representantes ciudadanos cuestionaron la legalidad y efectividad del programa actual, y señalaron que la empresa beneficiada fue elegida a través de un proceso opaco. Además, denunciaron que el programa excluye otras fuentes de contaminación más dañinas, como las industrias, hoteles y plazas comerciales.

 

jl/I