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8M
Protestas
La semana pasada, el gobierno federal anunció que, a partir de noviembre de este año, se dispondrá de 10 mil nuevas becas para la formación de médicos especialistas en todo el país. Como es recurrente en el actual gobierno, dicen qué, pero no dicen cómo. Toman decisiones a partir de datos sesgados que les vienen bien a las ideas preconcebidas que repiten hasta hacerlas pasar como verdades.
Duplicar el número de plazas de médicos que van a realizar una especialidad para pasar de 10 mil a 20 mil es un asunto que tiene aristas que sin duda son positivas, pero no se advierte que no hay suficientes campos clínicos ni infraestructura para recibir a estos 10 mil médicos adicionales que empezarían su especialización en 2021. Sólo se dijo en términos generales que para esta ampliación de espacios el Insabi desarrolla un proyecto en el que se involucra a todo el sector salud. Hasta ahora, el Insabi se ha distinguido por su inoperatividad, su falta de sentido de oportunidad (sigue sin tener reglas de operación) y su improvisación. Y con estos antecedentes ponen en sus manos algo que requiere de la mayor seriedad y eficacia.
La razón principal de esta decisión, esgrimida durante los últimos meses, es que la pandemia ha evidenciado la falta de médicos especialistas y enfermeras, afirmación que es verdad a medias. No han reparado en datos recientes, y no tan recientes, que señalan con claridad que además de la falta general de médicos especialistas, otro problema igualmente grave es la concentración de éstos en las grandes zonas metropolitanas del país y su ausencia en las ciudades medias.
No existe una política pública que favorezca la redistribución del personal de salud hacia ciudades medias y mucho menos hacia las unidades de atención primaria (que en realidad son unidades de atención precaria). La atención médica debe brindarse en el lugar donde es requerida, más allá de la taxonomía administrativa de las unidades de atención.
Por ello, las unidades de atención primaria son estratégicas en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, por tratarse del primer punto de contacto con la población. Estas unidades actualmente están en manos de prestadores de servicio social que se desempeñan con recursos insuficientes y en no pocas ocasiones en condiciones de asedio por parte del crimen organizado.
Si la atención primaria no funciona en la estructura de salud, nada funcionará.
Durante años, en charlas con diversos secretarios de salud federal he propuesto como mecanismo para fortalecer las unidades de atención primaria, la creación de un programa que aliente a médicos recién egresados a prestar servicio donde su presencia se requiere con mayor urgencia. Luego de un periodo de trabajo en estas unidades recibirían una beca para cursar una especialidad. Y años después, al concluirla, tendrían la opción de retornar al sitio donde comenzaron su carrera. Estoy convencido que esto puede contribuir a resolver dos problemas crónicos del sistema de salud: 1) que las unidades de atención primaria cuenten siempre con médicos que presten servicio, y 2) llevar a los médicos especialistas a los lugares donde su trabajo es realmente requerido. Sí, formar más y mejores especialistas, pero también alentar su arraigo en donde su presencia es necesaria.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado durante años que en México la fuerza laboral de salud se encuentra sobreutilizada y que es urgente una distribución más equilibrada de los recursos (financieros y humanos) en el país.
A pesar de ello, la política en materia de salud del actual gobierno va en sentido opuesto. Luego de años de esfuerzos a favor del fortalecimiento del federalismo mediante la descentralización de los servicios de salud (a fin de que cada entidad asumiera responsabilidades, tomara decisiones y contara con los recursos necesarios) Andrés Manuel, fiel a su estilo involucionista, decide reconcentrarlo todo para revivir el viejo centralismo inoperante que tanto daño hizo al país.
Si las entidades federativas hicieron bien o mal su trabajo es algo que sin duda debe revisarse y en los casos necesarios, corregirse, y por supuesto sancionarse a quienes no cumplieron con su trabajo o hicieron un uso inadecuado de los recursos. Pero dar marcha atrás a la descentralización de los servicios de salud con el dicho sin pruebas de la existencia de corrupción, sólo genera nuevas condiciones para una corrupción a mayor escala.
El sello del gobierno de Andrés Manuel sigue siendo verdades a medias para tomar decisiones a medias que no resuelven ni la mitad de la mitad de los problemas.
raulvargaslopez@gmail.com
jl/I