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Salvador Cienfuegos es un nombre curioso. Combina un concepto esperanzador y la destrucción en su apellido. Su rostro es un mapa de la aspereza. Sus profundas ojeras y severas líneas, así como una piel marcada por erupciones lo convierten en el fiel retrato del militar adusto.
El general cuatro estrellas mexicano fue capturado en Los Ángeles la semana pasada y representa el golpe más fuerte a la estructura marcial desde que inició la horripilante guerra contra el narcotráfico (en 2006).
Según la acusación de la Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó que no se lanzaran operativos contra el grupo delictivo liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, a cambio de sobornos.
Es una trompada en medio de la militarización extrema que vive el país. También es un severo gancho al hígado en contra de Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene la presencia castrense en todo el territorio y que les ha entregado algunas de las obras emblemáticas de su administración (léase el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y fragmentos del tren maya).
El presidente ha repetido hasta la saciedad una frase tan melosa como populista: “El Ejército es pueblo uniformado”. Pues nada menos que uno de los más altos y destacados militares es ahora acusado por actos de corrupción.
Es también un recordatorio de lo peligroso que es para la institución castrense seguir haciendo labores de seguridad propias de la policía. El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que el mantenimiento de la ley y el orden es una responsabilidad de las autoridades civiles.
Según datos que obtuvo Alberto Pradilla, periodista de Animal Político, el año pasado fueron desplegados 62 mil 954 militares. Número “que rebasa las cifras de años anteriores”. El promedio de elementos de la Sedena desplegados en la guerra contra el narco era de 50 mil y el de Secretaría de Marina (Semar), de 8 mil.
Sin contar a ese híbrido denominado Guardia Nacional.
Históricamente, ni un uniforme ni una institución dejan impolutos a sus miembros. Por más ética y moral que uno quiera atribuirles, las personas caen en pecado sin importar su origen o lugar de trabajo. Desde luego que el Ejército no es una excepción.
Ni ser “pueblo uniformado” los salva de las ruindades y las miserias humanas. En cambio, seguir en las calles los y nos expone.
¡Cuidado, porque seguirán un lustro más!
En 13 años (de 2006 a 2019), la intervención militar en las calles ha traído 11 mil 142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos de miembros de la Sedena y otras 2 mil 967 de la Marina.
Además la secretaría es la institución que más quejas ha tenido por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Pradilla también señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró “386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9 por ciento, señalaba a la Sedena, mientras que el 30 por ciento responsabilizaba a la Semar”.
Ni Cienfuegos representa a todo el Ejército mexicano ni podemos abanderar todas nuestras sospechas contra la institución por la presunta falla de un hombre. Pero es cierto que la evidencia reclama que los soldados deben de regresar a los cuarteles.
López Obrador comete un error que puede marcar su sexenio: darle más poder y protagonismo al Ejército.
El Padrino, como le apodan los de la DEA a Cienfuegos, debe ser el acicate para que el presidente dé un paso atrás a sus peligrosas ansias militares.
Twitter: @cabanillas75
jl/I