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Si usted tuviera la posibilidad de hacer algo para evitarle a otra persona un problema, ¿lo haría? Y si pudiera evitarle un sufrimiento inútil, injusto e innecesario, ¿dejaría pasar la posibilidad de hacerlo? Y si no fuera una sola persona la que se podría beneficiar con su acción, sino miles e incluso decenas de miles, ¿se abstendría de intervenir? Y si su jefe inmediato le dijera que es mejor no hacer ese bien, aunque no le explicara con claridad por qué debe abstenerse de hacerlo, ¿le obedecería?
Esos cuestionamientos son los que deberían estar planteándose quienes representan al pueblo de Jalisco en el Congreso del Estado con relación tanto a la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, como en el caso de la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, cuya aprobación se ha retrasado por más de dos años. La primera finalmente se aprobó la semana pasada y ya entró en vigor, y la segunda está programada para su aprobación al momento de redactar estas líneas. Sin embargo, la posibilidad de que la presente Legislatura se terminara sin que se aprobaran ha estado latente todo este tiempo.
Y por eso vuelvo a los cuestionamientos iniciales, ¿por qué se opondría una persona que representa al pueblo de Jalisco a hacer algo que está en sus manos, que es la aprobación de una ley que claramente puede beneficiar no sólo a las más de 11 mil personas que se encuentran desparecidas en nuestro estado, sino a sus familias y a todas sus allegadas? De ahí es que planteo que esas leyes impactarían positivamente a decenas de miles.
Con esto no quiero decir que una vez que se apruebe la ley que falta, y entre en vigor, ese problema tan grave se solucionará, claro que no, pero es de esperar que contribuya a resolverlo, dado que en su elaboración se puso en juego el saber colectivo de muchas personas, organizaciones e instituciones, algo muy poco frecuente, por lo menos en nuestro estado.
Además de la ley y su aplicación, hay mucho trabajo por hacer, que en buena medida le corresponde a la Fiscalía del Estado, la cual no parece estar haciendo algo efectivo al respecto, porque seguimos estando entre los primeros lugares en cuanto a casos de desaparición, número de fosas clandestinas e impunidad.
En cuanto a lo injusto, inútil e innecesario del sufrimiento de las personas desaparecidas y sus seres queridos, creo que se ha dicho y escrito bastante, pero quiero reiterar que no hay nada que justifique algo tan terrible como eso, un sufrimiento que no se acaba, que está presente las 24 horas del día, por días, semanas, meses, años, que sólo quienes recurren al cinismo más cruel pueden despreciar, pero quienes pueden experimentar aunque sea mínimamente la empatía, tienen claro que es algo que no debería estar ocurriendo.
Y en cuanto al posible conflicto entre el deber legislativo, y las órdenes o indicaciones de quienes tienen poder de decisión dentro del Congreso del Estado, las diputadas y diputados deben recordar que están ahí para procurar el bien general, no para proteger los intereses de sus líderes. Regatearles a las familias de las personas desparecidas la aprobación de una ley que han ayudado a redactar sería una gravísima falta de respeto al pueblo de Jalisco, y una clara muestra de inhumanidad.
Así que, diputadas y diputados locales de Jalisco, no tendrían ni siquiera que preguntarse si deben aprobar la ley de personas desaparecidas o hacerle caso a quienes les indiquen lo contrario, pues está muy claro que en sus manos está la posibilidad de hacer un enorme bien, que sólo ustedes tienen la facultad de realizar.
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