Camioneros van vs. MiTransporte en FGR

Dueños de empresas que prestan el servicio de transporte público urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) anunciaron que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno del estado por presuntas irregularidades en el proceso de transición al modelo de ruta-empresa llamado MiTransporte. 

En rueda de prensa, detallaron que a partir del modelo impulsado por la administración se les obliga a cambiar el color de sus unidades, a renovarlas y a equiparlas para un sistema de prepago, aun cuando tienen contratos vigentes de concesión que no contienen estas especificaciones, por lo cual consideraron que se violan dichos acuerdos. 

El dirigente gremial de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ), Enrique Galván Vargas, evidenció además que el miércoles se realizó un operativo estatal encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que culminó con el retiro de circulación de nueve unidades de la ruta 24. Consideró que el hecho fue una “venganza política” por criticar a MiTransporte.  

Puntualizó que desde que comenzó la actual administración estatal se han retirado de la circulación 300 unidades de varias rutas por no adherirse al modelo de MiTransporte. Ante la situación, añadió, se acudió a tribunales y mediante amparos se consiguió que unidades pudieran volver a la circulación, pues se dictaminó que no debe ser obligatorio incluirse en el sistema de ruta-empresa. 

Además de las diferencias en los contratos de concesiones, Galván Vargas expuso que varios transportistas no se unieron al modelo de transparencia por falta de transparencia en el fideicomiso conjunto al que va a dar el dinero de las tarjetas de prepago. 

“Hay una resolución de la corte, en el cuarto circuito, donde manifiesta que no es obligatorio meterse a un fideicomiso donde se manejen todos los recursos porque entonces se dejaría sin capacidad económica a los transportistas para solventar los costos de la operación: insumos, diésel. No es obligatorio, por eso nosotros estamos trabajando en paz”. 

Sentenció que mientras continúe dicha opacidad no se integrarán al modelo, pues no hay certezas para tener ingresos de manera puntual. 

De hecho, especificó que el gobierno del estado tiene un adeudo de 44 millones de pesos con los transportistas ya integrados a la ruta-empresa. La deuda corresponde a diciembre de 2020.  

Tras el retiro de nueve unidades de la ruta 24, la Secretaría de Transporte (Setran) puso en circulación la ruta C-135 para cubrir el derrotero, hecho que los transportistas catalogaron como ilegal, pues hay una suspensión judicial a su favor para evitar la suplantación de la ruta.  

Los camioneros adelantaron que interpondrán demandas para que se les regresen las unidades y se les indemnice por el tiempo que estuvieron fuera de circulación.  

Finalmente, Galván Vargas adelantó que la ruta 24 volverá a laborar a más tardar hoy, aunque con un número reducido de camiones. 

FRASE: 

“No es obligatorio meterse a un fideicomiso donde se manejen todos los recursos porque entonces se dejaría sin capacidad económica a los transportistas para solventar los costos de la operación”: Enrique Galván Ochoa, Dirigente de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco

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