Desaparecidos: obliga la Corte a las fiscalías

Es entendible que Irak (un país que ha sufrido guerras, invasiones militares, violencia permanente, destrozos de su infraestructura y crisis humanitaria por los abusos de derechos humanos) sea primer lugar mundial en acciones urgentes emitidas por el comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CDF). La nación asiática suma 483 acciones urgentes. Y que México sea el segundo lugar, con 410, dimensiona la creciente gravedad de las desapariciones forzadas en el país, incluido Jalisco. Son las cifras del dolor. De la impunidad e incapacidad. 

Una acción urgente es una solicitud que hace el CDF a un Estado para que tome de forma inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida e investigar su desaparición, a petición de sus familiares o representantes legales. La cifra pública de las acciones urgentes del CDF para México abarca de 2012 a 2020. La lista en su sitio web (ohchr.org) empieza con el caso de Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz, ecologistas de Guerrero desaparecidos en diciembre de 2011 por varones vestidos de militares. 

Con más de 85 mil desaparecidos en México, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la semana pasada que es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano cumplir las medidas y acciones urgentes emitidas por el CDF. Se trata de una relevante noticia, poco valorada por la mayoría de los medios informativos, que fue bien recibida por organismos e instituciones defensoras de los derechos humanos. 

Es una resolución “histórica” porque es la primera vez en el mundo en que un alto tribunal judicial reconoce el carácter obligatorio de las acciones urgentes del CDF, destaca el abogado Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Id(h)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Añade que, hasta antes de lo que dictara la SCJN, las fiscalías General de la República y estatales se negaban a reconocer como obligatorias o vinculantes las acciones urgentes individuales del CDF con el argumento de que es un organismo internacional y aceptarlas violaría la soberanía nacional. 

Tras un caso de desaparición forzada en Veracruz, Idheas (@idheasdh) inició un litigio que derivó en la resolución de la SCJN. Gutiérrez Contreras detalla que las acciones urgentes emitidas a México suman hasta ahora 415, de las cuales IDHEAS ha interpuesto unas 190. La resolución de la SCJN precisa, además, que el cumplimiento obligatorio de las acciones urgentes del CDF debe ser “supervisado judicial y constitucionalmente”. 

Las familias que recurrieron al CDF pueden ahora exigir al Ministerio Público que investigue ex officio, sin dilación y de una manera seria, exhaustiva, imparcial, trasparente y efectiva toda desaparición forzada, y enjuiciar y sancionar a sus responsables, como indica el libro Desapariciones Forzadas en México. Litigio Estratégico ante el Sistema de Naciones Unidas, cuya autoría es del director de Idheas y de Tatiana Rincón Covelli, publicado hace dos meses. 

Acciones urgentes recientes emitidas por el CDF para Jalisco incluyen las desapariciones de los cuatro jóvenes hermanos y primos Camarena, cometida en diciembre de 2019 por policías de Ocotlán; y de dos jóvenes trans ocurrida en Zapopan en septiembre de 2020; y las manifestaciones en junio del año pasado por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Las más de 13 mil familias jaliscienses con desaparecidos disponen ahora de un mecanismo internacional para reclamar y presionar a las autoridades. La fiscalía especial para desaparecidos necesita más respaldos y más eficiencia, o el gobierno de Enrique Alfaro será exhibido de nuevo como quien no atiende a fondo las desapariciones. 

Twitter: @SergioRenedDios

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