Dinero, ¿para qué?

Quienes nos dedicamos a “lo técnico” buscamos la manera de alinear los medios a los fines, es decir, encontrar las maneras más efectivas, eficientes y eficaces para cumplir con los objetivos y metas que han planteado quienes tienen esa potestad, sea una autoridad o sea el pueblo mismo, como ciudadanía, electorado o contribuyente. 

Por ese lado, la labor técnica es sencilla, ya que no nos toca entrar en las grandes discusiones, en las que se trata de determinar el rumbo que deben tomar el estado o la nación. A lo sumo, nos corresponde invocar el principio de realidad para que los objetivos y metas sean asequibles. 

El problema comienza cuando lo que se pide a las instancias técnicas de la sociedad es que contribuyan a la acumulación de recursos, con la única finalidad de que quien puede disponer de su uso tenga más recursos a la mano. ¿Por qué? Porque sin tener claridad respecto a lo que se quiere lograr, no hay manera de trazar una ruta clara para conseguir los recursos. Y, por otro lado, quien sólo desea acumular recursos sin saber para qué los quiere nunca estará satisfecho, y en su afán de acumulación no tendrá criterio para determinar qué se puede sacrificar y qué no. 

En ese sentido, resulta sumamente criticable aquella idea de que primero hay que hacer crecer el pastel, para luego repartirlo, porque el énfasis siempre se pone en el tamaño del pastel, y no en el de la rebanada que le corresponde a cada quien, por lo que no hay manera de saber si el pastel ya creció lo suficiente, por lo que siempre se le apuesta a hacerlo crecer indefinidamente, sin repartirlo. 

Ahora bien, ¿podemos calcular de qué tamaño es la rebanada del pastel público que nos corresponde? Sí, disponemos de muchas herramientas técnicas y científicas que nos pueden ayudar a hacerlo, pero lo primero que hay que hacer es determinar los aspectos que es necesario tomar en cuenta para calcularlo. Hasta hace una década, la discusión sobre qué considerar y qué no era sumamente complicada, pero la reforma constitucional de 2011 nos resolvió una buena parte de la discusión, puesto que los criterios fundamentales quedaron estipulados en el primer artículo de nuestra Constitución: los derechos humanos. 

Así que la discusión en torno al tamaño de la rebanada que nos toca, para después calcular el tamaño del pastel, debe considerar el costo de garantizarle a toda la población el acceso equitativo a servicios de salud, educación, agua potable y alcantarillado de buena calidad, así como lo necesario para garantizar nuestra seguridad e integridad física y mental, y la protección de las condiciones que nos permiten mantener y desarrollar nuestra identidad individual y colectiva, sólo por mencionar algunos aspectos, además de contemplar lo que indirectamente contribuye a esa garantía. 

Una vez hecho ese cálculo podríamos explorar las posibles fuentes de financiamiento de eso que es necesario garantizar, de manera que cada quien aporte según sus capacidades, y a cada quien se le apoye según sus necesidades, o lo que es lo mismo, los impuestos deberían ser progresivos, de manera que quienes apenas tienen lo suficiente para sobrevivir aporten lo menos posible mientras alcanzan las condiciones necesarias para vivir dignamente, y quienes ganan inmensas fortunas aporten enormes cantidades de impuestos, que es lo que las personas más ricas del planeta están proponiendo. 

El problema es que quienes actualmente administran los recursos públicos nos han escamoteado esa discusión y además se niegan a rendirnos cuentas de su administración. ¿Hasta cuándo permitiremos que las cosas sigan así? 

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