SCJN confirma suspensión contra padrón de usuarios de telefonía móvil

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Pnaut), por el cual se exige los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que la primera sala del alto tribunal confirmó por cuatro votos a favor y uno en contra, la concesión de la medida cautelar que había solicitado el 11 de junio de 2021.

"Esta suspensión permite salvaguardar el mandato constitucional del IFT como regulador y garante -en su ámbito de competencia- de los derechos humanos contenidos en los artículos 6º y 7º constitucionales", dijo el organismo.

Además, señaló que "impide que se obligue al IFT a implementar un modelo regulatorio que inhibe y condiciona un acceso libre y sin injerencias arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones".

El IFT dijo que como parte del Estado mexicano, tiene el deber de "garantizar y propiciar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones" para todos los mexicanos.

Señaló que la resolución apoyará a que estos aspectos sean conocidos y resueltos "sin que el Panaut entre en vigor", y por tanto se generen afectaciones adicionales a los usuarios de telefonía móvil, pues impide aplicar la medida de requerirles sus datos biométricos para contar con el servicio.

El 26 de mayo, el IFT presentó un recurso constitucional en contra de diversas disposiciones de la ley que creaba el Panaut, aprobada por el Congreso, ya que no contaba con los recursos para cumplirla.

"Al confirmarse la medida cautelar solicitada por el IFT, el efecto es que se mantienen paralizadas las acciones que se desprenden de las normas impugnadas", señaló el organismo.

La reforma legal que exige el padrón de datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles causó polémica porque los concesionarios y el gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen esos datos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.

EH