Órganos electorales en consolidación y a prueba

El desarrollo de la actividad electoral en nuestro país ha colocado un particular acento en la jornada electoral, porque se ha transitado de una compleja historia de manipulación de las urnas los días de elección a un proceso ciudadanizado y profesional; sin embargo, los remanentes de la historia siguen pesando en la percepción popular, que recuerda una época en la que solamente había un partido hegemónico y ganador, con una estructura que prácticamente no se diferenciaba del gobierno. 

De la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de 1977 a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral en 1997 pasaron eventos, circunstancias y fenómenos, locales e internacionales, que representaron el contexto en el que la transformación de los escenarios de organización de los procesos electorales experimentó cambios considerables. Pero, por otra parte, no solamente la organización de las jornadas electorales, sino la conformación de la oferta política, así como también la trama procesal e institucional de las elecciones, que a partir de entonces cuenta con procedimientos e instituciones profesionales para ello. 

A partir de ese momento se requirió el desarrollo de una estructura institucional para fortalecer un estado de derecho como sustento de la trama de procedimientos electorales, en los que se buscan, fundamentalmente, certidumbre y eficiencia. 

La historia de los órganos electorales federal y estatal constituye uno de los temas que ha requerido una construcción constante y una intervención dinámica y reiterada de diferentes actores e instituciones para afianzar un modelo electoral plural e incluyente que debe garantizar la expresión múltiple de intereses ciudadanos en el ejercicio de representación. 

Las pruebas que constituyeron las elecciones de 2018, primera de importancia en concurrencia, así como la de 2021, tanto en los escenarios federal y local, con sus correspondientes órganos ciudadanos de elección, presentaron con orden y suficiencia resultados que con algunos detalles técnicos resolvieron el gran tema de certidumbre y eficiencia. En el caso de las presidencias municipales de Jilotlán de los Dolores y de Tlaquepaque, factores particulares generaron la anulación de los procesos en ambos municipios por razones diferentes, pero de invalidación en ambos casos. 

El caso de Tlaquepaque, que pasó por las diferentes instancias de apelación del proceso, terminando su desarrollo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó, a diferencia de lo planteado por el Congreso del Estado, “hacer una elección solo para mujeres transgrede la autodeterminación de los partidos políticos y el principio de equidad en la contienda”. Se trata, pues, de una elección extraordinaria y se garantiza la participación de todos los candidatos para la elección del 21 de noviembre, eliminando un ejercicio de participación exclusiva de mujeres. 

El sostenimiento de una estructura profesional electoral constituye un factor de certidumbre fundamental en el futuro de los procesos electorales. No se trata de una institución perfecta, sino perfectible, lo que implica revisiones constantes para mejorar la estructura, pero no la supresión de ésta. El funcionamiento institucional es el que debe prevalecer, así como la garantía de que serán los órganos profesionales, creados por la ciudadanía, los que garanticen el funcionamiento institucional y no el de una facción que intente suprimir un proceso electoral. La nueva prueba en el ámbito estatal y federal será en 2024, vale la pena fortalecer las instituciones para robustecer la certidumbre y confianza en un escenario de pluralidad política. 

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