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Ningún municipio de Jalisco cumple a cabalidad sus obligaciones en garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Ninguno tiene un estudio situacional vigente y completo para actualizar el registro municipal de personas con discapacidad y ninguno tiene protocolos y códigos de conducta específicos para atenderlas.
Solo Guadalajara cuenta con un programa de apoyo a cuidadores de personas con discapacidad, pero no proporcionó datos desagregados al respecto.
La defensoría emitió recomendaciones a cada ayuntamiento específicamente por el incumplimiento de lo que pidió en la Recomendación General 1/2018 para atender a personas con discapacidad, emitida en febrero de ese año.
Como un primer escollo en el cumplimiento a esa ecomendación general, sólo 98 de los 125 municipios la aceptaron, informó el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón. Otros 27 ayuntamientos ni siquiera se pronunciaron al respecto, es decir, la quinta parte.
El incumplimiento “es el común denominador en todas las regiones del país. Lo que ahora nosotros hemos hecho, es agotar el debido proceso mediante la apertura de una queja. Desahogar sus etapas, pedir informes, abrir periodos probatorios para poder emitir la recomendación”, expuso Hernández Barrón.
“¿A qué se debe esto? A diversas razones. Una de ellas, pues desde luego el desconocimiento, la falta de la debida diligencia del ejercicio de los cargos públicos que implican cumplir lo que se protesta al iniciar un cargo, cumplir la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Si no las conocen, pues lamentablemente no saben ni siquiera lo que tienen que hacer”, reclamó.
Otras razones son la falta de presupuestos la falta de personal especializado y la falta de toma de conciencia de las vulneraciones.
Anticipó que ante las violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad, con esta serie de recomendaciones específicas para cada uno de los municipios, las víctimas podrán recurrir a esos documentos para exigir la reparación integral del daño.
Hernández Barrón narró que la CEDHJ inició quejas de oficio en cada uno de los 125 ayuntamientos por las omisiones y requirió a cada uno de sus titulares informes de ley acerca de los avances con 22 preguntas directas sobre las acciones realizadas a partir de 2018.
Ante la petición, dos de cada cinco ayuntamientos ni siquiera respondieron y, de los 74 que rindieron informe, 36 no incorporaron elementos de prueba para documentar sus avances.
El presidente de la defensoría detalló que solo 12 municipios acreditaron contar con un reglamento para atender a personas con discapacidad, aunque está pendiente revisar cada uno de ellos para verificar si están actualizados.
Además, solo seis ayuntamientos cuentan con personal especializado en dominio de lengua de señas.
JB