Administración y procesos electorales, el gran reto

El sexenio administrativo, en los ámbitos federales y locales, sigue su tiempo y ritmo, y con ello el avance de casi 4 años de administración pública tiene, de forma definitiva, muchos elementos con los que la ciudadanía puede evaluar la calidad de los desempeños a partir de un análisis básico: las promesas de campaña, entre 2017 y 2018 con el desarrollo de las políticas públicas que se han puesto en funcionamiento. De esta forma, al margen de análisis politológicos, econométricos o sociales, los ciudadanos cuentan con elementos prácticos para evaluar los desempeños, y con ello la visión que tienen de las administraciones en función, que implican, definitivamente, una reacción por parte de los partidos que en este momento tienen su función de representación; y la relación entre administraciones y partidos en el poder se acrecienta y plantea escenarios complejos, como es el hecho de avanzar y concretizar los proyectos de continuidad o relevo federal y regional. 

El esquema de participación de los partidos políticos en las administraciones que ellos encabezan, comenzó a cambiar en nuestro país a partir de la segunda mitad de la década del 80. El primer gobernador surgido de la oposición en nuestro país tomó posesión en noviembre 1989, es decir, hace apenas 33 años, y a partir de 1997 la composición de las cámaras federales dejó de tener las mayorías con las que gobernó el Partido Revolucionario Institucional a lo largo del siglo 20. Y la primera Presidencia de la República no gobernada por el PRI fue la del año 2000 con el presidente panista Vicente Fox. 

La estructura de la oferta política en este momento constituye un elemento muy importante en la comparación ciudadana del comportamiento de cada uno de los institutos políticos y sus resultados en la gestión pública. En ese sentido, dos de las ofertas más recientes en el panorama federal, como son Movimiento Ciudadano (2002-2011) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, 2014), ya han tenido tiempo suficiente de exposición ante los electores, quienes pueden desarrollar una idea clara respecto a la consistencia y solidez de las propuestas de estos partidos emergentes en el panorama electoral. 

De esta forma, si bien el peso del mensaje presidencial es fuerte y reiterativo, no necesariamente constituye la misma calidad de emisión y de recepción que tiene el partido del presidente (Morena) y, por otra parte, tampoco invalida o nulifica el mensaje que han sostenido y proyectan los partidos de oposición, coaligados o no, en diferentes zonas electorales del país. Baste recordar que, en el centro nervioso e histórico, bastión electoral del partido en el poder, en las elecciones de 2021 la Ciudad de México se dividió a la mitad en sus alcaldías; una parte gobernada, en efecto, por la coalición Morena-PT, pero la otra mitad por la alianza Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

El gran reto que se presenta ahora y, teniendo la inminencia de las elecciones en seis estados, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, los esfuerzos administrativos tienen más un sesgo electoral que de administración pública. En 2023 se perfila como otro proceso electoral de relevancia la elección del Estado de México y de ahí, el camino se dirige a la elección de 2024. 

La inseguridad, la gestión de la salud, la proyección de la economía, los intentos por atenuar los efectos de la corrupción y la permanencia de altos grados de impunidad, el estancamiento del crecimiento económico, la atención integral al sistema educativo, son y serán temas que demanden su seguimiento y atención fundamental, sin embargo, ¿tendrán los gobiernos y sus partidos, la capacidad de atención integral de los problemas de la gestión pública al margen de los procesos electorales? 

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