El espíritu de las leyes y el Itei

Los malos ejemplos son más dañinos que los crímenes

Montesquieu

La forma en que está organizado nuestro sistema político, separado en tres “poderes” (que en realidad son funciones), el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se lo debemos a los filósofos Locke y Montesquieu, quienes reflexionaron sobre los males que había traído el despotismo, una forma de gobierno que no tiene límites de ningún tipo, y en el que las decisiones las toma el soberano a su capricho, por lo que llegaron a la conclusión de que es necesario que “el poder limite al poder”. 

Es decir, no es factible que alguien que concentre todo el poder atienda las solicitudes de quienes tienen muy poco poder para que no abuse. En el caso del déspota, si él es quien redacta las leyes, las aplica, y juzga a quienes no las cumplen, la historia nos dice que nunca se castigará por violar sus propias leyes, al contrario, las hará de manera que nunca tenga que castigarse, o las modificará sobre la marcha, o simplemente se perdonará a sí mismo. 

Por eso es que se impulsó la necesidad de separar las funciones de gobierno, de manera que existan los contrapesos necesarios para que se eviten los abusos de poder; ese es el principio que guía la manera de organizar un estado constitucional y democrático de derecho. 

En nuestro país, más o menos recientemente, y atendiendo a ese principio, hemos visto que es necesario que se les dé autonomía a ciertas funciones que antes se ejercían desde alguna de esas tres ramas del gobierno, para que el poder limite al poder. Por eso ahora tenemos lo que técnicamente se conoce como organismos constitucionales autónomos, cuya operación no depende, en principio, de ninguno de los tres poderes tradicionales. En el caso de Jalisco son la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei). 

Esto se ha hecho así porque quienes ejercen cargos públicos quisieran que los separara del resto de la sociedad un vidrio polarizado, que les permitiera ver lo que hace la ciudadanía, pero no a la inversa, por eso tratan de acomodar las leyes de manera que así ocurra, para no tener que rendir cuentas y no verse limitados en el ejercicio del poder público. 

Sin embargo, lo correcto es lo contrario, los funcionarios son quienes tienen que estar a la vista, y hay que garantizar que así sea. Por eso es que la sociedad civil impulsó en Jalisco una de las leyes más avanzadas en temas de transparencia y acceso a la información, y para evitar que se capturara al órgano garante, el Itei, se incorporó una instancia ciudadana, el Consejo Consultivo, que tiene a su cargo coordinar la realización de una etapa muy importante en la designación de quienes tienen los puestos de decisión en ese instituto, que es el examen de conocimientos. 

Y como si quisieran confirmarnos que es necesario seguir subdividiendo al poder, la comisión legislativa de Participación Ciudadana del Congreso de Jalisco emitió una convocatoria para la designación de la nueva presidente del Itei utilizando una interpretación mañosa de la ley, que, en contra de su espíritu, anula en los hechos la participación del Consejo Consultivo. 

Lo más grave es que el mal ejemplo cunde, y si dejamos que una facción del Congreso se apodere del Itei, esa seguirá siendo la tónica en lo que sigue. Ya lo vimos en el caso del Consejo de la Judicatura, donde personas indignas del puesto están haciendo de las suyas, en total impunidad. 

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