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En las últimas semanas se ha desarrollado un esquema contradictorio en el que, por una parte, las autoridades federales y estatales han planteado una mejoría relativa en lo referente a la contención de delitos en los que las mediciones y porcentajes que se presentan muestran porcentajes bastante reducidos de disminución, pero las autoridades enfatizan con entusiasmo los porcentajes de reducción que tienen sus resultados, contrastando con encuestas como las presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
La contraparte de este entusiasmo lo constituyeron tres eventos que disienten sustancialmente con el arrebato positivo institucional. Por una parte, el crimen certero contra tres personas en una iglesia en Chihuahua, de las cuales dos eran sacerdotes jesuitas. Por otra parte, en El Salto, Jalisco, tuvo lugar un enfrentamiento que dio por resultado 12 muertes, cuatro policías y ocho presuntos delincuentes. Finalmente, entre los eventos controvertidos se encuentra el de un feminicidio en la Ciudad de México en que, públicamente, un prominente abogado disparó directamente, en tres ocasiones, a esposa.
Los anteriores casos constituyen eventos específicos que podrían considerarse de alto impacto mediático, sin embargo, forman parte de una cadena que sigue su ritmo cotidiano en el desarrollo de las actividades de los ciudadanos, quienes no se interesan por las especificidades de los porcentajes de incremento o mantenimiento de niveles, sino de la percepción de seguridad que experimenta un ciudadano en su vida cotidiana.
Los ámbitos de seguridad en los que se mueve un ciudadano se han reducido drásticamente, generando que el lugar con mejores condiciones de experimentar una situación estable es el hogar. Saliendo de sus casas, los ambientes que generan mejores condiciones de seguridad se han disminuido drásticamente, como lo evidencia el hecho de que se genere un asesinato, de forma irracional y fría, en una iglesia, incluyendo a dos de sus sacerdotes, sin ninguna relación con el evento.
El tema de la percepción de inseguridad constituye un elemento que recientemente ha implicado mucho trabajo académico y profesional sobre esta dimensión que, ciertamente, adquiere un nivel público de alto volumen y, respecto del cual, la sensación de seguridad se ve altamente contrastada con el hecho de sentirse vulnerable no solamente al delito, sino a la administración y gestión de todo lo que involucra el plano institucional que lo debe procesar.
De acuerdo con el Envipe 2021, se estima que 36 por ciento de los hogares del estado de Jalisco tuvo al menos una víctima de delito durante 2020. Es decir, 750 mil 014 hogares víctimas de un total de un poco más de 2 millones 300 mil hogares estimados. El porcentaje resulta altísimo en la conformación de hogares del Estado. Por otra parte, se evidencia en el estudio que se inició una carpeta de investigación en 7.1 por ciento de los casos.
El impacto de los eventos criminales, sumados a la falta de confianza en la administración del seguimiento de los delitos, contrasta con la seguridad que tienen los ciudadanos respecto de la Guardia Nacional y del Ejército. El trabajo de recuperación de la articulación entre prevención, gestión y administración de la inseguridad, no se resuelve remontando el origen del incremento de delitos en sexenios anteriores; se trata de desarrollar sistemas que articulen procesos desordenados, en ésta y las anteriores administraciones, que den por resultado, una confianza en el tejido institucional, en cualquiera de sus expresiones, que el ciudadano pueda constatar y realmente depositar en las instituciones su confianza.
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jl/I