Retrocesos

¿Por qué alguien pretendería dar marcha atrás en avances democráticos? ¿Qué podría motivar a una persona a rechazar algo que en principio beneficia a todas las personas, o por lo menos a la gran mayoría? Una posibilidad es que esa persona sienta que está perdiendo un privilegio, y quiere conservarlo a toda costa, aunque sea ilegítimo. 

Algo así está ocurriendo en el Congreso de Jalisco desde la pasada legislatura, puesto que las actitudes de quienes ahí deciden demuestran que les molesta que la ciudadanía se ocupe de los asuntos públicos, como si, contradictoriamente, esos asuntos fueran de su exclusiva incumbencia. 

De hecho, no es raro que quienes así se comportan consideren que el acceso libre e irrestricto a la información pública es algo que no debería de ser, porque les complica ejecutar las decisiones que toman, ya que probablemente habrá ocasiones en que no deseen que el público se entere de lo que decidieron, y menos aún de los criterios que utilizaron para tomar la decisión. 

Y aunque en ocasiones se manifiesten públicamente con un carácter cínico, el hecho de que pretendan que las cosas se hagan de manera oculta demuestra que les importa lo que la gente piensa acerca de ellos, es decir, quienes no tenemos un cargo público tenemos suficiente poder para hacer que cambien las cosas, pero solo si nos organizamos para hacerlo. 

Justamente, en lo referente a la organización es una cuestión en la que quienes queremos incidir en los asuntos públicos, pero desde y para la ciudadanía, podemos tener una cierta desventaja, dado que la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que tenemos capacidad de invertir para organizarnos es limitada, en comparación con la de quienes tienen la posibilidad de hacer uso de los recursos públicos para hacerlo. 

Afortunadamente, la tecnología ha reducido el costo de la organización, y eso nos posibilita tener más espacios para la incidencia, siempre y cuando queramos utilizarlos. 

En ese sentido, quiero invitar a que sigamos observando lo que hace el Congreso, las decisiones que toma, y sancionemos, aunque sea con nuestro abucheo lo que consideremos inadecuado, pero que exijamos que actúen conforme a la ley, y que no la interpreten de manera engañosa para perjudicarnos. 

Alguien podría pensar que es impensable que se viole la ley en el seno de la organización pública encargada de elaborarla y validarla, pero, como bien dice la sabiduría popular, no hay borracho que coma lumbre, y la ley no contiene sanciones efectivas en el caso de que lo hagan, por lo que en general pueden actuar impunemente, a diferencia de la mayoría de la población. 

De modo que, a falta de sanciones jurídicas, nos queda la sanción política, la que podemos expresar a través de los diversos medios de comunicación a nuestra disposición. 

¿Y usted que lee mi columna, qué opina? ¿Le parece correcto que unas cuantas personas, José María Martínez y Quirino Velázquez, y quienes les mandan, utilicen los recursos con los que cuenta el Congreso de Jalisco, para perjudicarnos? Porque tener al frente del Instituto de Transparencia a alguien que le deba el puesto a un padrinazgo es muy probable que no actúe en defensa de los intereses de la población, sino de quien le apadrina. 

Si le parece que exagero, le recuerdo que el Congreso nombró indebida e ilegalmente a una persona indigna como integrante del Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de propiciar el buen comportamiento de los jueces, y esa persona ha estado actuando en contra del bien común, tratando de quitarle al Estado la propiedad de una sección de Los Colomos. ¿Eso queremos en otras áreas de lo público? 

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