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¿Para espiarnos?
A creerle
Con el argumento de que la pandemia generó gastos adicionales y los ciudadanos dejaron de cubrir pagos municipales, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga se retrasó en las obligaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), al que debe más de 280 millones de pesos de 2020. Para “abonar”, los regidores aprobaron entregar tres terrenos que son áreas de donación de igual número de fraccionamientos. Este caso ha despertado dudas, porque el municipio no redujo otros gastos, como el de comunicación social con las empresas favoritas de Movimiento Ciudadano.
Además, la oposición ha señalado falta de transparencia e inconsistencias en los datos. Por ejemplo, el municipio dice que debe 17 quincenas, mientras que el Ipejal tiene otros datos y señala que son 13. Otro detallillo es que el valor fiscal de los tres predios es 7 millones de pesos menor, o poco más, al que tiene el municipio en su inventario, así que esperamos que alguien no esté cobrando su comisión…
Primera escena, el cardenal Francisco Robles denuncia cómo en dos ocasiones lo retuvieron retenes con gente armada, cuando viajaba rumbo a Totatiche y Villa Guerrero, en la región norte de Jalisco, y cómo los delincuentes extorsionan hasta a los párrocos que organizan fiestas patronales. Segunda escena, el gobernador Enrique Alfaro desmiente al prelado, niega que existan retenes de grupos delictivos en Jalisco y, cual censor de la libertad de expresión, casi casi lo regaña.
Tercera escena, el gobernador y el cardenal se reúnen el sábado para abordar el tema de la inseguridad pública en Jalisco. Alfaro le pidió informar directamente de los hechos de inseguridad, sin prohibirle (¡faltaba más!) que hablara del tema con los medios informativos. Por lo pronto, como medida preventiva, la Iglesia católica hizo recomendaciones a los sacerdotes de parroquias de poblaciones lejanas, como moverse solo en el día, de preferencia no solos, y no acudir a lugares con “especial tensión”. (A protegerse, los chamucos andan sueltos…).
Mientras que para el gobernador Enrique Alfaro la agresión a la periodista Susana Carreño fue un “intento de robo”, para reporteros de Puerto Vallarta y autoridades universitarias se trató de una agresión directa, un atentado del que afortunadamente se halla estable. La cobarde agresión no apunta a que se tratara de un robo, pa-ra na-da. Carreño es la directora de Radio Universidad de Guadalajara y reportera del Canal 44 de la UdeG, y ha hecho denuncias y dado seguimiento a casos de corruptelas y despojos que favorecen a empresas inmobiliarias, entre otros temas que afectan fuertes intereses.
La solidaridad del gremio ha sido notable, criticando la irresponsable información de Alfaro. Más de 200 periodistas se manifestaron a través de un desplegado, en el que demandan se esclarezca el artero ataque a la periodista de larga trayectoria que tiene el respeto y el aprecio en el gremio. Las líneas de investigación de la Fiscalía tendrían que apuntar su atención hacia el trabajo periodístico de Susana Carreño y añadir la perspectiva de género, hasta dar con los culpables materiales e intelectuales. Detener la violencia contra las y los periodistas exige desterrar la impunidad de los agresores.
¿Que cuál violencia se padece en Jalisco? El sábado en la noche, en un violento asalto a mano armada ocurrido en la colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, fue asesinado Alfonso Castellanos, suegro del ex jugador de Chivas Jorge Chatón Enríquez. Un caso más en que los delincuentes asesinan sin piedad… Terrible…
Si un tormentón como el que cayó anoche en la ZMG se abatiera en San Gabriel, nadie quisiera tener su casa cerca del río Sal Si Puedes…
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