Ponen ultimátum a anexos antidrogras

El gobierno del estado y los municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fijaron ayer un plazo de 60 días para la regularización de centros de rehabilitación o anexos que operan fuera de la ley. 

Cuando se cumpla el período comenzará la implementación de acciones administrativas de los Municipios en contra de los establecimientos que continúen con irregularidades, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.  

El ultimátum se da luego de que a fines del mes pasado se registraran dos hechos que involucraron establecimientos de este tipo, violencia y anomalías. El primero ocurrió el 22 de julio, cuando una menor de sólo 11 años fue quemada por cuidadores de un albergue ubicado en Santa Isabel, en Tonalá; en el espacio también se atendía a personas con adicciones y nadie ha sido arrestado por el acto de tortura. 

El segundo se suscitó la noche del 24 de julio, cuando un comando irrumpió en un anexo irregular de La Cofradía, en San Pedro Tlaquepaque, y mató a seis personas. Nadie ha sido detenido por el ataque. 

Luego de estos hechos el gobierno del estado y los Municipios metropolitanos establecieron una mesa de trabajo para acordar una ruta contra los centros clandestinos para tratar adicciones y en los encuentros se definió el ultimátum. 

“Luego de una exhaustiva revisión junto con los gobiernos del AMG, trazamos una ruta para regularizar estos establecimientos. Para que quede claro: a partir de hoy (ayer) tienen 60 días para arreglar lo que se tenga que arreglar y operar conforme a la ley o se harán cierres definitivos”, dijo el gobernador. 

El punto de partida para determinar la estrategia a seguir en la ciudad fue la información del Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021 en Jalisco, realizado por el Consejo Estatal Contra las Adicciones Jalisco (CECAJ) y el cual tiene registro de 390 establecimientos especializados en la atención de problemas con las drogas. Del total, sólo 85 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y el CECAJ. 

Sin embargo, la cifra de anexos irregulares podría ser mayor debido a aquellos que operan en la clandestinidad. 

“Sabemos que muchos centros o instituciones de este tipo en la ciudad son de gran ayuda para las personas, pero otros son un riesgo y se tienen que regularizar desde el uso de suelo hasta los contenidos, protocolos y programas desarrollados para la atención al público”, añadió. 

Las autoridades también revisarán y sancionarán cualquier maltrato o conducta ilegal aplicada a internos con el aval de los administradores o propietarios, principalmente por ser violatorias de los derechos humanos de las personas internadas. 

El mandatario estatal añadió que las autoridades darán todas las facilidades burocráticas para que los dueños o responsables de estos centros puedan realizar los trámites para su regularización, por lo que hizo un llamado para que se acerquen con las autoridades correspondientes. 

En la mesa de trabajo referida participan el gobierno estatal y los Municipios, así como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), a Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el CECAJ. 

Piden denunciar centros de rehabilitación clandestinos

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía que ayude a identificar los anexos que operan en la clandestinidad, pues pueden registrar conductas ilegales.  

“Los operativos de seguridad continuarán entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y también necesitamos tu ayuda: si conoces un anexo, albergue o asilo clandestino en tu colonia y detectas conductas ilegales, por favor, ayúdanos”, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en sus redes sociales.  

Las denuncias se pueden hacer de forma anónima al número 089. Lauro Rodríguez

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