Apariencias de participación

Ante las tendencias autoritarias y la amplia cantidad de desafíos que persisten en el país, la participación ciudadana juega un papel fundamental para el fortalecimiento de la democracia y atención de las problemáticas que afectan a la población. La participación en asuntos públicos constituye un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales y requiere el fomento de mecanismos institucionales para la construcción de las decisiones públicas, así como el involucramiento activo y responsable de la ciudadanía, más allá de los procesos electorales.

La participación en el diseño de políticas públicas abarca diversos esquemas de involucramiento y de expresión de la pluralidad política, donde pueden destacarse los mecanismos diseñados por parte de las autoridades desde arriba, pero también construidos a raíz de las exigencias sociales desde abajo, como lo son por ejemplo los procesos de participación conjunta con familiares de personas desaparecidas en las búsquedas, en la creación de leyes o políticas públicas en materia de desaparición.

En la práctica, a pesar de los avances de la llamada gobernanza y participación ciudadana en Jalisco, ha permanecido la resistencia institucional para abrirse ante la crítica y responder a las necesidades reales de la población. Por años, los espacios de participación han servido como una extensión de las instituciones públicas para avalar sus acciones, siguiendo intereses particulares y populistas antes que favorecer el bien común. La colaboración con las organizaciones civiles ha sido limitada y realizada desde una visión paternalista, como si existiera una dicotomía entre su dinámica de trabajo y la actuación del gobierno, en vez de enfocarse en la construcción de propuestas colectivas.

El jueves pasado, el Consejo Ciudadano de Búsqueda, creado a partir de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, a fin de abonar a la transparencia y rendición de cuentas, presentó su primer informe anual de actividades. En el mismo, se compartieron más de 60 acciones internas y externas realizadas desde su conformación. Además, se detallaron diversos retos y obstáculos enfrentados, así como los avances logrados, evidenciando que su actuación no se quedó sólo en el papel y en la foto de la toma de protesta de sus integrantes.

Este organismo participativo creado en mayo de 2021 constituye un órgano de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y se encarga de dar seguimiento y evaluar el desempeño de las autoridades responsables de atender la problemática de desaparición de personas, así como supervisar la correcta implementación de las leyes de desaparición. De esta manera, pretende abonar a que se garanticen los derechos de las víctimas y contribuir en la promoción de las acciones y políticas públicas en la materia, priorizando que las necesidades y preocupaciones de familiares de personas desaparecidas sean el centro de su labor.

A pesar de los avances de este consejo y su relevancia social ante la gravedad de la situación, ha habido poca apertura para reconocer y garantizar el pleno ejercicio de sus atribuciones por parte de las autoridades. Se ha mantenido la costumbre de generar acciones en la materia desde una visión de contener los reclamos y mitigar los daños ante la presión provocada por diversas coyunturas, en vez de realmente escuchar para cambiar las prácticas institucionales.

Los espacios de participación ciudadana deben fortalecerse desde el compromiso y la corresponsabilidad. Cuando el desarrollo de políticas públicas está basado en el reconocimiento de roles de los actores sociales y la deliberación abierta e informada, las acciones gubernamentales pueden atender las causas y naturaleza de las demandas de manera más efectiva, incluyendo a las víctimas, los grupos más vulnerables e históricamente discriminados.

Durante el evento del consejo, Alan García, representante de la ONU-DH en México, destacó la importancia de transformar la cultura política y comenzar a percibir la participación ciudadana como una oportunidad. Derribar los muros institucionales de simulación, desconfianza y opacidad, y consolidar una sociedad informada y participativa, es el camino a seguir para salvar los últimos pedazos de democracia que nos quedan.

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