Las complicidades

El 3 de mayo, José Ascensión Murguía, presidente municipal de Teuchitlán, fue detenido por delincuencia organizada y desaparición forzada. La noticia de su involucramiento en los hechos no sorprendió, ya que era un secreto a voces. Lo que resultó inesperado fue que la justicia por fin podría alcanzar a quienes siempre parecieron intocables.

La detención fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), sin aviso previo a la delegación en Jalisco ni a las autoridades locales. Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló que se tenía una orden de aprehensión desde el 25 de marzo que no se había cumplimentado, confirmando la persistente impunidad que impera en el estado.

Hasta el momento se desarrollaron dos audiencias en el caso: inicial y de vinculación, concluyendo la segunda con la vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada agravada por ser servidor público y decretando prisión preventiva oficiosa.

Por parte de la FGR se nombró la actuación del alcalde como “dolosa, consciente y voluntaria”, dejando “operar libremente” al grupo criminal. Asimismo, se señaló su involucramiento directo en la operación del Rancho Izaguirre, al visitar el lugar, ordenar colocar una bolsa con órganos en una fosa, proporcionar seguridad y maquinaria para remover la tierra, e incluso recibir 70 mil pesos mensuales del cártel.

Los datos de prueba que respaldan la acusación resultaron tener mayor peso que los intentos de desestimarla por la defensa. En una de sus declaraciones se mencionó que el alcalde se preocupaba por “perritos atropellados”, y que por esta razón no podría realizar ningún daño a las personas.

La detención comprobó que el supuesto “montaje político” del colectivo Guerreros Buscadores siempre fue la verdad. Se confirmó la presencia de restos con “exposición térmica”, y el patrón de reclutamiento forzado en las centrales camioneras, documentado desde julio pasado.

Ante la preocupación sobre la politización del proceso por los posicionamientos inmediatos de Movimiento Ciudadano y del gobernador del estado, así como la movilización de 100 personas de Teuchitlán, colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron un escrito al juzgado, solicitando imparcialidad y debida impartición de justicia, expresando que estos hechos “han quebrado a familias enteras”.

José Ascensión Murguía ha mantenido un poder consolidado por un tiempo prolongado. Fue presidente municipal entre 2012-2015 y 2021-2024, y en octubre inició su tercer encargo. Es evidente que estructuras como la del Rancho Izaguirre no pueden operar sin el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado. La presunta responsabilidad del alcalde constituye apenas un caso dentro de un andamiaje mucho más amplio y arraigado que involucra a autoridades municipales y estatales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el hallazgo en Teuchitlán refleja una violencia criminal degradante “a un nivel contrario a la dignidad humana”. Pero también exhibe nuestra deshumanización social. Durante la audiencia se compartió que lo que sucedía en el rancho era “un hecho notorio”, y en la manifestación expresaron que Teuchitlán es un “pueblo pequeño y todo se sabe”. ¿Cómo es entonces posible que nadie actuara? Es escalofriante como normalizamos este terror, preferimos alejarnos, y nos convertimos en espectadores.

Durante el Luto Nacional tras Teuchitlán en Jalisco asistieron miles de personas. Sin embargo, sólo semanas después, el 10 de mayo, menos de veinte personas acompañaron la marcha de las familias. Nuestro silencio, apatía e indiferencia también contribuyen a la perpetuación de violencia, y cada vez más se vuelven complicidad.

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