Justicia que nace torcida

Para la clase política los cambios en las instituciones significan, en la mayoría de los casos, la oportunidad para darle chamba a un amigo, familiar o colaborador de su campaña. Así, cuando las instituciones nacen comienza su fracaso. Algo así podría suceder con la nueva estructura de justicia laboral, donde la prioridad de las autoridades locales fue el reparto de espacios.

La reforma publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación implicó cambios en los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana, con dos puntos esenciales: la creación de los centros de conciliación laborales para resolver los conflictos a través de la negociación entre las partes y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear tribunales laborales dependientes del Poder Judicial.

Al aterrizar la reforma en las entidades federativas, los cambios significan principalmente que la justicia laboral deja de estar en manos del gobernador en turno para quedar a cargo del Poder Judicial, lo que en la teoría significa la profesionalización de la administración de la justicia en esta materia.

Jalisco llegó a la reforma dando tumbos. Como ya lo había contado la semana pasada en este mismo espacio, forma parte del último paquete de 11 estados en los que la reforma entraría en vigor. En principio, se había programado el pasado primero de mayo, pero no estuvieron listos, por lo que tuvo aprobarse una prórroga para el 3 de octubre.

Que el estado no estuviera listo era lógico, pues a lo largo del plazo que tenía la entidad no hubo mayor interés de quienes debían impulsar las reformas a la legislación local, el perfil de quienes se harían cargo de la impartición de justicia laboral y la infraestructura e insumos necesarios.

Un ejemplo de ese desinterés es la creación del Centro de Conciliación Laboral. La iniciativa fue presentada durante la anterior legislatura en agosto de 2019 por el ex diputado y ahora director del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano Ramos.

Desde ese texto, el ex legislador advertía que se debía tomar como referencia la experiencia que se tuvo en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para cuya transición se dispuso de alrededor de una década. En cambio, la justicia laboral debía cambiarse en una tercera parte de ese plazo.

A pesar de lo anterior, la iniciativa fue enviada a la congeladora y se aprobó más de dos años después, el 28 de octubre de 2021. Ya aprobada, Jalisco siguió sin prisa y al tratarse de una reforma constitucional, se envió a los municipios que no fueron presionados para que la aprobaran, por lo que el proceso se completó hasta febrero de este año, es decir, tres meses antes de que se venciera el plazo que tenía el estado.

Para fortuna de las autoridades en Jalisco, las 11 entidades del último paquete recibieron una ampliación del plazo, pero los nombramientos se hicieron sobre el límite del tiempo, en lo oscurito y bajo el principio de cuotas y cuates.

Aun así, el reparto podría no ser lo más delicado de los nombramientos entre familiares, amigos y colaboradores de magistrados y funcionarios del gobierno del estado. Tal vez lo más delicado es que ni siquiera se cuidaron los perfiles y, aunque se asegura que aprobaron la evaluación a la que fueron sometidos, casi ninguno tiene antecedentes en materia laboral.

La opacidad en torno a los nombramientos es un mal comienzo para esta nueva etapa de justicia laboral que, si nació torcida, difícilmente permite tener expectativas de que significará que habrá mejores condiciones para los trabajadores. Tampoco implicará que el Ejecutivo deje de tener control sobre la administración de justicia en esta materia, pues junto con el presidente del Poder Judicial, el gobernador fue uno de los ganadores en el reparto.

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