Mezcala, justicia incompleta

La restitución de 10 hectáreas en el cerro El Pandillo a la comunidad indígena coca de Mezcala fue, sin lugar a dudas, un acontecimiento digno de festejo. Tuvieron que transcurrir 23 años para que esto sucediera. Sin embargo, es inevitable detenerse para reflexionar en lo que ha tenido que enfrentar esta comunidad en ese largo camino y, además, hacer un recuento de todos los pendientes: la suspensión de los procesos penales, la restitución de otras 10 hectáreas, la reparación del daño y la garantía de seguridad ante la nube de amenazas que el empresario Guillermo Moreno Ibarra dejó como venganza.

Sí, la justicia tardó en llegar y llegó a medias. Además, es inevitable pensar en el silencio y las omisiones de las autoridades locales a lo largo de todos estos años, claro, sin contar sus muestras de apoyo al invasor. Porque, además, en los diferentes momentos en que se ha intentado el reconocimiento de la presencia indígena en tierras jaliscienses, los cocas nunca han sido tomados en cuenta con el argumento de la no conservación de su lengua. La solidez de su comunidad no ha sido suficiente para quienes desde un escritorio aseguran interesarse en la agenda de los pueblos originarios.

En la información que los comuneros compartieron en los últimos días fueron muy claros al señalar que la sentencia y la restitución sólo pesan sobre las 10 hectáreas invadidas en primera instancia por Guillermo Moreno. Apegados a los procesos legales, como se han mantenido a lo largo de más de 2 décadas, precisaron que no tomarán posesión de las otras 10 hectáreas invadidas, utilizadas por el empresario para garantizar el abasto de agua y energía eléctrica.

Lo que esperan es que en este caso sean las autoridades ambientales las que intervengan, para que además se revise el daño causado por la modificación de cauces.

Otro de los temas pendientes son los procesos penales que se emprendieron contra indígenas cocas en 2011. A principios de ese año, los integrantes de la comunidad se dieron cuenta de que el empresario Guillermo Moreno había instalado una torre en sus tierras, por lo que después de pedir que fuera retirada y no obtener respuesta, decidieron mantener la defensa y hacerlo ellos mismos.

Con engaños, en septiembre de ese año Rocío Moreno, historiadora e integrante de la comunidad coca fue citada en el periódico Milenio para una entrevista, donde fue detenida por elementos de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y llevada a las instalaciones de la calle 14, para luego trasladarla a la cárcel municipal de Ocotlán.

El delito por el que se le señalaba fue por el daño en propiedad privada, a pesar de que ella no participó en el retiro de la torre y que ésta además fue colocada en tierras de la comunidad. La misma Rocío lo ha ejemplificado en varias entrevistas: es como si una persona llega a tu casa e instala una casa de campaña en la sala y te denuncia porque la retiras.

Por los mismos hechos fueron denunciados, en expedientes que no se han cerrado, Casiano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Salvador Moreno Campos, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Ismael de los Santos, José Abraham de la Paz Sanabria, Salvador de la Rosa Paredes, Manuel Alejandro Jacobo Contreras y Petra Sanabria Claro.

Además, en las semanas que transcurrieron entre la sentencia definitiva y la restitución se registraron nuevos hechos violentos contra la comunidad, que todavía mantienen sus consecuencias y les impiden disfrutar ese anhelado triunfo legal.

Mientras todo esto no se resuelva y se garantice la seguridad de la comunidad, la justicia plena no llegará a Mezcala.

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JB