Motivos para la esperanza

Es usual que lo que ocurre en la vida pública nos provoque desánimo, porque parece que no hay forma de resolver nuestros problemas públicos. La idea de que es más lo que se retrocede que lo que se avanza no surge de la nada. El solo hecho de contemplar cómo las leyes electorales que hemos ido construyendo a lo largo de décadas son violadas impunemente por los partidos políticos basta para confirmar esa percepción de impotencia ante la dura realidad.

Sin embargo, creo que, pese a esos datos, no debemos rendirnos, ya que tenemos motivos para la esperanza, aunque no sean tan obvios. Comentaré algunos cuantos.

Me dedico a observar al Poder Legislativo de Jalisco desde hace más 15 años, para señalar lo que no funciona, y proponer mejoras a su desempeño, y he podido atestiguar cómo ha ido creciendo el interés ciudadano por incidir en su quehacer. Al principio parecía que el Congreso de Jalisco estaba cubierto por una capa de invisibilidad, que impedía que nos enteráramos de lo que pasaba ahí, pero poco a poco la hemos ido retirando, y ahora podemos no solo darnos cuenta de lo que ocurre, sino que hemos podido intervenir, con el legítimo interés de hacer que las cosas funcionen bien para toda la población, no solo para unas cuantas personas privilegiadas.

Así, por ejemplo, bajo el impulso de las colectivas de buscadoras, se logró construir un conjunto de leyes para atender la desaparición de personas, que es la más avanzada del país, pese a que se promulgó con más de dos años de retraso. La sola existencia de esas leyes, elaboradas bajo un ejemplar esquema de parlamento abierto, es una señal de esperanza.

De hecho, podemos suponer que el diseño de esas leyes es muy bueno, porque quienes no quieren que se apliquen, han hecho todo lo posible por impedir que entren totalmente en operación, negando el presupuesto necesario, posponiendo la actualización de los reglamentos correspondientes, o siendo omisos en la capacitación de quienes tienen que aplicarlas. Al respecto, las buscadoras, y las organizaciones que las acompañan, han hecho señalamientos muy puntuales, que he comentado en este mismo espacio.

Otro asunto en el que ha habido algunos avances, aunque todavía sean insuficientes, es en el referente a las designaciones públicas, es decir, en los casos en los que el Congreso determina quiénes tendrán la titularidad de organizaciones públicas que, debido a su especialización, no están sujetas al voto popular, como el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, o los puestos de jueces y magistrados.

El interés ciudadano ha hecho que cada vez haya más transparencia en las designaciones públicas, aunque todavía persiste la práctica de repartir los puestos a partir de acuerdos entre partidos, bajo el esquema de “cuotas y cuates”, algo que puso en evidencia recientemente el presidente nacional del PAN, que implica que a cada partido le corresponde un cierto número de designaciones, a partir de los votos que obtuvo en la elección precedente, y por eso, cada partido tiene el derecho de poner ahí a quien mejor le plazca, pero rara vez a alguien con vocación de servicio público.

Como lo comentaba, la presión ciudadana, cada vez mayor, en el caso de las designaciones ha motivado la creación de procedimientos cada vez más refinados, que incluyen en algunos casos exámenes de conocimientos, y un análisis público de la trayectoria laboral de quienes se postulan, con el fin de evitar que ocupen esos puestos personas impresentables.

Aún queda mucho por hacer, pero no perdamos de vista lo que se ha logrado hasta el momento, y sigamos avanzando.

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