¡Sin las familias, no!: luchas sin eco

Durante el tiempo dedicado a la lectura de esta columna, en México desaparece por lo menos una persona, considerando tanto las bases de datos oficiales como el subregistro. Frente a este escenario en el cual predomina la perpetuación de las tragedias y la falta de respuestas, son familiares de personas desaparecidas quienes han transformado su sufrimiento en impulso de acciones institucionales para encontrar a quienes nos faltan. Uno de los logros que alcanzaron en Jalisco fue la aprobación en febrero de 2021 de dos leyes: Ley de Personas Desaparecidas y Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.

Estas legislaciones fueron construidas mediante un proceso participativo de parlamento abierto, en el cual se consideraron las necesidades de las familias, logrando un marco normativo, en aquel momento, más avanzado en México. Sin embargo, a tres años de su aprobación, la gravedad del contexto de desapariciones se ha convertido en un crudo testimonio de dichas legislaciones.

Muestra de ello fue el pliego petitorio presentado este mes por el colectivo Luz de Esperanza, en el cual se mantienen las mismas exigencias que por años no han sido atendidas, a pesar de la creación de instituciones especializadas y de leyes tan garantistas. Ante la lucha constante contra las voluntades políticas, regresamos a un punto de partida donde la realidad no sólo persiste, sino que empeora.

Claro, hay que reconocer que estas leyes se tradujeron en algunos avances, como fue la creación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y del Consejo Ciudadano de Búsqueda, o el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, aunque ésta carece de la autonomía necesaria para cumplir sus funciones y realizar las investigaciones independientes. Asimismo, se han creado el Centro de Identificación Humana con el enfoque masivo o un juzgado especializado para atender los procedimientos de declaración especial de ausencia por desaparición.

En relación a los registros, recientemente se presentó la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Si bien ha sido un paso importante y, además, éste cuenta con características relevantes, como es la base de datos abiertos y descargables o divulgación de cédulas de búsqueda, dicho registro llegó con casi tres años de retraso, y ha generado múltiples críticas.

Entre las mismas podemos destacar la falta de su actualización en tiempo real, inconsistencias, ausencia del enfoque diferenciado e interseccional, su construcción sin participación efectiva de las familias, la metodología sin precisión que podría representar un riesgo para la manipulación de datos de cara a las elecciones, o su visualización que resalta más a las personas localizadas que a las desaparecidas, lo que refleja la perspectiva triunfalista que ha caracterizado a la actual administración, apostando una vez más por subrayar la eficacia en vez de enfocarse en reconocer y atender de fondo las problemáticas.

Asimismo, varios de los incumplimientos a partir de las leyes de desaparición perduran. Años después faltan el Programa Estatal de Búsqueda, los reglamentos de la Comisión de Búsqueda y de la propia ley, los lineamientos para la conformación y funcionamiento de células de búsqueda municipales, fortalecer e interconectar los registros, mejorar la coordinación interinstitucional, o las deficiencias en la atención a víctimas, entre otros aspectos.

Los gobiernos se van, pero los retos siguen y las exigencias de las víctimas persisten. “Sin las familias no” ha sido la consigna para lograr la aprobación de leyes de desaparición, y en los últimos años este rol tan vital de las familias ha sido minimizado por las autoridades. La poca disposición para el diálogo y el uso instrumental de las víctimas para legitimar las acciones institucionales, en vez de generar los mecanismos de participación conjunta y escucha de sus necesidades, ha marcado la ruta de (des)atención a la problemática de la actual administración.

El proceso de construcción de leyes de desaparición nos demostró que los avances dependen de la medida de qué tanto se permita recibir los cuestionamientos y construir en conjunto, y queda claro que su efectiva implementación no se logrará sin los esfuerzos colaborativos. De lo contrario, serán unas herramientas más que no han logrado transformar la realidad en la cual los ecos de reiteradas demandas de las familias parecen perderse en el vacío.

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