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Y resolver Magistraturas
A creerle
Por la violación a las suspensiones legales que impedían su promulgación, y las irregularidades detectadas durante su aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma judicial podría ser declarada inconstitucional, consideró la jueza del Decimonoveno Distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas.
Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incumpliera las órdenes judiciales, dañando el estado de derecho, y aunque afirmó que pudiera ser sancionado, reconoció que sería más fácil que la reforma fuera desechada.
“Es esto da más para la invalidez de la reforma; es decir, dentro del proceso legislativo existieron muchas violaciones, no se siguieron los tiempos ni las formas establecidas en la ley, entonces se culmina con una publicación violatoria de una suspensión de amparo, y es motivo más que suficiente para declarar la invalidez de la reforma”.
La jueza afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe apurarse a revisar la invalidez de esta reforma, antes de que termine su periodo en noviembre el ministro Luis María Aguilar Morales.
Entrevistado aparte, el presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Fernando Espinosa de los Monteros, coincidió en que existen procedimientos para declarar inconstitucional la reforma judicial, y que tiene que ser la Corte la que vele por los derechos humanos y laborales de los trabajadores afectados.
“El pleno de la Corte tendría que determinar si la reforma es constitucional o no, de esto ya hay antecedentes, la Corte lo ha hecho una vez anterior y lo puede volver a hacer. Porque el mito de que la reforma al haber sido aprobada y publicada no puede echarse para atrás, es solamente un mito”.
Espinosa de los Monteros añadió que otra vía es a través de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría emitir recomendaciones al gobierno de México respecto a los riesgos de esta reforma.
El especialista recordó que México ha suscrito acuerdos internacionales que lo sujetan a proteger los derechos humanos, y que violentarlos podría implicar sanciones como la expulsión de organizaciones mundiales.
JB