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Saturado el 911
Posando para la foto
CIUDAD DE MÉXICO. El pasado mes de mayo un juez argentino procesó a la ex presidente Cristina Fernández, quien dirigiera los destinos de su país desde 2007 hasta 2015. En el proceso también están incluidos sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Los delitos que se persiguen son presunto lavado de dinero y asociación delictuosa, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.
El magistrado Julián Ercolini incluyó en el proceso a Romina Mercado, sobrina de Fernández, y al empresario constructor Lázaro Báez. Este último ya se encuentra en prisión preventiva desde 2016 por otra causa. Además ordenó congelar y embargar cuentas bancarias por sumas de 32 millones de dólares.
Dos meses antes, Ercolini intervino la compañía hotelera afirmando que había sido el conducto para recibir periódicamente dinero obtenido mediante fraudes contra el gobierno.
En noviembre de 2017 la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además denunció que su situación judicial eran ataques políticos del actual gobierno.
El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.
Cristina Fernández también está procesada y con una orden de detención por el supuesto encubrimiento de un grupo de terroristas iraníes sospechosos de cometer un atentado contra una empresa judía de Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994. La orden no se ha hecho efectiva porque la señora Fernández tiene fuero como senadora.
Ayer día 21 de diciembre de 2018, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados, vayan a juicio oral en el asunto que se conoce como causa Hotesur SA donde han sido procesados por lavado de dinero.
Las investigaciones del caso estiman que se lavaron por lo menos 80 millones de pesos argentinos.
Los fiscales agregaron que los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados con los ex presidentes y con varios funcionarios durante sus gestiones.
Hubo una segunda etapa, según el dictamen, en la cual los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, de compra de propiedades, de alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, de construcción de mejoras en dichos establecimientos y de alquiler de propiedades.
La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex mandatarios y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
En los próximos días, el juez Claudio Bonadio pedirá nuevamente el desafuero de Cristina Kirchner
Las transferencias bancarias incluyen 4 millones 600 mil dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, y que fueron embargados hace dos años.
Según el fiscal Pollicita, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido ya blanqueado para justificar la compra de otros hoteles, al parecer llamados Alto Calafate y Las Dunas.
Para los fiscales los hoteles de la ex presidente, fueron parte de un "proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública y a través de Valle Mitre de Báez, se desarrolló entre 2008 y 2013". Sin embargo, Pollicita indicó que la investigación "no se agota" en dicha maniobra y la vinculó con otras causas de lavado de dinero donde están involucrados Sanfelice y Cristóbal López.
Según Pollicita y Mahiques se montó un "circuito económico basado en la actividad hotelera" que le permitió a los Kirchner "canalizar regularmente" fondos que recibía Báez de la obra pública y mover el dinero a través de "una sociedad pantalla" para aplicar el mismo "a maniobras de blanqueo".
JJ/I