Nuestra inseguridad de cada día

El panorama que las autoridades estatales dieron a conocer en torno a la inseguridad se parece más a lo que los ciudadanos perciben que a la situación que admitía el gobierno estatal anterior. Un diagnóstico certero y real es básico, pero también una estrategia que nos ayude a creer que esta administración será diferente. El problema es que hasta el momento no nos han dicho qué harán.

La versión manejada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su equipo de seguridad apunta a que el anterior gobierno no sólo maquilló las cifras, sino que también simuló la atención a problemas delicados, como la parte que le correspondía en el ataque a la delincuencia, los homicidios y las desapariciones. En el día a día, los ciudadanos ya sabíamos que eso pasaba.

Un claro ejemplo de esa simulación es la forma en que se atendió el tema de las desapariciones. Jalisco se convirtió en un estado líder en este delito, condición que por cierto había comenzado en el anterior gobierno que encabezaba el panista Emilio González Márquez.

El paso que dio el gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue el de admitir que el problema existía. Sin embargo, esto sucedió hasta después de las severas críticas que hubo ante las constantes declaraciones del ex fiscal Luis Carlos Nájera, que criminalizaban a las víctimas y, en el caso de las mujeres, las desestimaban al asegurar que la mayoría se iba por alguna relación sentimental o conflictos familiares.

Fue después de eso que se creó primero la agencia y luego la fiscalía especializada. El problema es que la visión que tenía la autoridad sobre este flagelo y, lo peor, los mecanismos para atenderlo, se mantuvieron. Así, la cifra creció.

Alfaro Ramírez y su equipo de seguridad hablaron también de todas las deficiencias, omisiones, corrupción y faltas graves que se encontraron en las áreas relacionadas con la seguridad y la impartición de justicia. También dieron a conocer los primeros bosquejos de cambios para restaurar esa estructura, pero la mayoría tienen que ver con las obligaciones que la ley les establece. Sí, es un buen principio, pero ante la grave situación por la que atraviesa Jalisco, no parece el golpe de timón que se requiere.

La inseguridad y violencia que enfrenta Jalisco no parecen ser la prioridad de la agenda del nuevo gobierno que, a mes y medio de comenzar, no ha mostrado su estrategia. Porque un cambio en la nomenclatura de las instituciones responsables no es suficiente, eso todos lo sabemos.

Cuando se confirmó el triunfo de Enrique Alfaro, éste advirtió que esperaría la definición del gobierno federal sobre la estructura que impulsaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Basado en eso, se descartó la autonomía de la Fiscalía General.

Más allá de los cambios en las estructuras de las instituciones, no ha habido una modificación importante en su funcionamiento. Incluso, las declaraciones de algunos funcionarios siguen apuntando a criminalizar los homicidios y las desapariciones, a minimizar la comisión de delitos y deslindarse de la responsabilidad argumentando que se cometieron en espacios que no son su competencia o son del fuero federal.

Mientras los acomodos siguen en el gobierno, la inseguridad se mantiene como parte de nuestra vida cotidiana. Además, el regaño del gobernador a los medios de comunicación sobre el manejo que dan a la información sobre delitos es también una señal de que la revisión al desempeño de las autoridades no será bien recibida.

El panorama, para los ciudadanos, no luce alentador. Actuar igual ante los mismos problemas solo puede traer iguales o peores resultados. Eso siempre lo hemos sabido.

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JJ/I