Diputados a rendir cuentas

Esta semana los diputados locales se encontraron con la sorpresa de una notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El oficio, que fue entregado el 21 de junio, pedía que remitieran al órgano fiscalizador nacional documentación relacionada con la forma en que los legisladores ejercieron los recursos públicos de 2018 y parte de 2019.

Ésta será la primera vez que la auditoría federal revise las cuentas del Congreso del Estado. En el mismo oficio también se pide información sobre la deuda pública de Jalisco, que al parecer también será revisada.

¿A qué se debe la intervención de la ASF? Los diputados dijeron estar tranquilos y hasta señalaron que le dan la bienvenida a esta revisión. Sin embargo, es un cambio radical en la fiscalización de los recursos públicos en las entidades federativas.

La auditoría es consecuencia de una reforma federal que entró en vigor en 2016, en la cual se dieron mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, en particular para revisar los recursos federales que se mandan a los estados y municipios vía participaciones.

Es por ello que el órgano federal puede intervenir en las cuentas del Congreso local, cuyo origen son justamente las participaciones, y en la deuda contratada por los ayuntamientos y el gobierno del estado, así como sus renegociaciones, porque el respaldo que se deja en la mayoría de los créditos son las participaciones.

Lo más importante de este nuevo esquema de auditoría es que no permitirá que los actores locales intervengan en el proceso. A pesar de que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco se convirtió en 2009 en una entidad autónoma, al depender financieramente del Poder Ejecutivo, y en virtud de que el nombramiento de su titular sigue siendo una decisión de los diputados, los nexos se mantienen.

En el proceso de fiscalización de una cuenta pública local los diputados tienen distintas oportunidades de intervención, con mayor razón cuando se trata de su propia cuenta. Por ejemplo, una vez que se hacen las observaciones, la ASEJ las notifica y los diputados tienen oportunidad de hacer las aclaraciones correspondientes, con el agravante de que toda esta etapa se da en total opacidad.

Además, apenas el año pasado la auditoría local comenzó a publicar sus informes, aunque en una versión resumida. El órgano de fiscalización federal publica todos sus informes en cuanto éstos están listos.

El Congreso del Estado tiene una larga y oscura historia con sus cuentas públicas. Sólo basta recordar lo sucedido con la correspondiente a 2009, por la que se fincaron cargos por 280.6 millones de pesos, señalando como responsables a los diputados que integraban la Comisión de Administración en la Quincuagésima Octava Legislatura. Hasta la fecha, esa cuenta sigue atorada en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Tan sólo de las cuentas públicas de 2009, 2010 y 2011 los diputados sumaron 880 millones de pesos en observaciones. En 2010, la ASEJ había hecho señalamientos por más de 160 millones de pesos, pero los diputados también acudieron al juicio de nulidad, mientras que al año siguiente el monto aumentó a 440 millones de pesos que luego se pasearon remitiéndose a la Auditoría Superior y regresándose al Congreso. Pero no se recuperó ni un peso.

Las lagunas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios han permitido además que no haya plazos para que se determinen los créditos fiscales.

La intervención de la ASF es, por ello, un cambio radical en la rendición de cuentas. Fue gracias a esta institución, recordemos, que nos enteramos de las graves irregularidades en la Secretaría de Salud durante la gestión de Antonio Cruces Mada.

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