Prohibido disentir

En Jalisco está prohibido disentir. Tampoco se debe tener memoria y mucho menos convicciones distintas a las del gobernador Enrique Alfaro. Además, no se pueden pedir explicaciones, transparencia ni argumentos. Si se incumple con estas restricciones, hay que colocarse en el costal de los detractores.

Estas reglas se han aplicado una y otra vez en los temas que han incomodado al mandatario en lo que va de su gestión. Podemos destacar el programa A Toda Máquina y su licitación, la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), la reactivación del proyecto de la Presa El Zapotillo y, recientemente, la venta de la Villa Panamericana y su habilitación para usarse como vivienda.

En todos los temas el gobierno del estado ha dado los primeros pasos para imponerse y su reacción ante cuestionamientos u oposición ha sido la descalificación y el enojo. Incluso, en aquellos casos en que se han confirmado los errores no ha habido por parte de las autoridades admisión de los mismos, ni aun cuando se corrigieron.

Un claro ejemplo de ello es la desaparición del IJM. Cuando se procesó en el Congreso del Estado, de espaldas a las organizaciones que han llevado la agenda de género en Jalisco, se aseguró que se creaba una secretaría que tendría 14 veces más presupuesto.

Una revisión simple de la iniciativa y los cambios en el presupuesto permitió comprobar que era mentira. Se creó más burocracia, que era la que se llevaba el aumento en la asignación del dinero y se integró una secretaría que atendería a diferentes sectores vulnerables de la población.

El gobierno del estado corrigió y transformó su iniciativa para convertir la Secretaría de Igualdad Sustantiva en una dependencia que atenderá exclusivamente la agenda de género, se reasignó el presupuesto y se retomó el diálogo con las organizaciones. Pero el discurso de descalificación y confrontación no cambió.

El enojo desde el Ejecutivo aumentó al conocerse el proceso de licitación del proyecto más costoso de la actual administración, el arrendamiento de maquinaria para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el que se pagarán más de 3 mil 634 millones de pesos.

La licitación no se transparentó; participaron sólo dos empresas con funcionarios en común; una de las representantes de la empresa trabajó para las notarías del padre y el hermano del gobernador y, además, el propietario de la empresa que se quedó con el contrato apareció apenas unos días después en la transmisión del partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles acompañando a Enrique Alfaro y a la diputada de Movimiento Ciudadano Mirza Flores.

La investigación que abrió la Contraloría arrojó que sí hubo irregularidades graves y comenzó el procedimiento contra dos de los funcionarios que llevaron la licitación. Esto, además de las anomalías en torno a la participación de la empresa que no ganó el contrato.

En uno de los conflictos sociales más importantes en los últimos tres lustros para Jalisco, el de la Presa El Zapotillo, el gobernador dio un vuelco a su postura anterior y decidió que el proyecto se retomaría y que el diálogo se había agotado. Fue hasta que intervino el presidente de la República que se obligó a reabrir el debate, tomando en cuenta a todos los actores.

Finalmente, está la Villa Panamericana y la uniforme postura de los ambientalistas en torno al impacto que tendrá su uso para vivienda. El enojo del gobernador y sus colaboradores ha llevado incluso a las agresiones hacia el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien como responsable de lo que sucede en su territorio se ha opuesto a la decisión del mandatario.

Los primeros meses del gobierno de Alfaro han sido de desgaste ocasionado por su postura de cerrarse al diálogo y a escuchar otras voces. Una situación nada grata, si pensamos que así tendremos que vivir los jaliscienses por cinco años más.

[email protected]

da/i