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Quinto Patio 

Resulta que el funcionario público señalado por las irregularidades en la licitación del programa A Toda Máquina es Luis Arturo López Sahagún, de acuerdo con el contralor ciudadano independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero. El aludido continúa en el cargo que le permite dar palomita a las adjudicaciones directas. No lo han removido del puesto, pues. 

En ese simulacro de licitación de arredramiento de maquinaria pesada para A Toda Máquina, reinan las contradicciones, la opacidad y un titipuchal de dudas, y lo que es evidentísimo es que se le quiere echar tierra al caso. Y, claro, no reconocer la falta de limpieza en la licitación que rebasó los nada despreciables 3 mil 600 y cachito de millones de pesos. 

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Ya van siendo muchitos los cuerpos que los forenses encuentran en la nueva megafosa clandestina de Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, a lo mejor se tendría que decir sitio de inhumación clandestina, porque parece que hay muchas fosas ahí. Pero el caso es que ya igualó el record que había marcado la finca de El Campanario, en Zapopan, con 30 víctimas enterradas. Sólo las supera la megafosa de La Primavera, donde el último recuento quedó en 41 víctimas en partes, más cinco cuerpos que estaban en una pileta próxima, también desmembrados, sin contar las secciones anatómicas en estudio de las que ya tampoco se ha hablado. 

Lo feo es hablar de ellos como meros números. Y es que las capacidades institucionales y tecnológicas no permiten que la fiscalía indague la identidad de las personas, sino hasta que sus familiares van a la morgue y los encuentran. Pero la cantidad de homicidios no es la forma de medir la violencia, dice un gobernante. 

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Ahora sí que los diputados locales tienen un dilema ($$$$). Los adultos mayores acudieron a tiempo para pedir que les cumplan las promesas verbales de otorgarles transporte gratuito como en la Ciudad de México. Gilberto Parra y compañía hicieron su parte: presentaron su borrador de iniciativa de ley, recolectaron 60 mil firmas con datos del INE, sensibilizaron a los coordinadores parlamentarios y lo hicieron antes de la discusión del presupuesto para que lo tomen en cuenta. 

Ayer en la Junta de Coordinación Política nadie dijo que no se podía, y ahora el problema será justificar quién pagará el costo y si podrían hacerles caso. Las caras de los diputados fueron largas cuando se les preguntaba cómo hacerlo realidad, y aunque señalan que la propuesta no tiene nada que ver con presupuestos, están equivocados, porque de eso depende si avanza o se estanca. ¿Quién pagará? La primera opción es preguntar a los transportistas si pueden subsidiar con el aumento de la tarifa. Segunda opción es cambiarlo por otra, como reducir costo de transporte para segundo o tercer viaje. O romper la promesa… 

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Dicen que el derecho de pataleo (el derecho a decir que no estás de acuerdo en algo con tu jefe, patrón o líder) se respeta en pocos ámbitos. La duda es si ese derecho de pataleo lo podrán ejercer (ahora y más adelante) los diputados locales, en particular los de Movimiento Ciudadano (MC). ¿Por qué? Bueno, porque ayer se aprobó en el Congreso del Estado la ley de amnistía para las mujeres víctimas de violencia de género, peeeeroooo sin atender toooooodas las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo y que condujo a que el gobernador vetara el primer envío de la ley. 

Un diputado, no de MC, sino panista, Gustavo Macías, cuestionó el veto al señalar que los abogados del Ejecutivo no tenían razón para retacharles la ley que, a su juicio, estaba bien hecha. Total, vimos un tú a tú entre los abogados del Ejecutivo contra los del Legislativo. Ahora falta que el Ejecutivo la publique, concediendo el derecho de pataleo al Legislativo. 

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jl/i