Sistema de justicia criminal en México 

De acuerdo con Insight Crime, en México proliferan las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio; han florecido desde hace mucho tiempo en el trasiego de estupefacientes hacia los Estados Unidos, el país mayor consumidor de drogas. De acuerdo con el portal, se extienden en varios continentes. No sólo se dedican al contrabando de drogas, sino también lo hacen con armas y personas; y sus enormes ganancias son lavadas e inyectadas en la economía nacional. Se han armado de tal forma que desafían al gobierno, que en ocasiones puede ser superado en armamento letal. El combate del gobierno ha propiciado la caída de algunos capos, lo que ha fragmentado los cárteles en grupos monolíticos regionales, donde imperan la fuerza de su violencia y la diversificación de sus actividades criminales. 

Basta echar un vistazo a los datos estadísticos de la Oficina sobre Drogas y Crímenes de la ONU (https://data.worldbank.org/) para darse una idea de cómo México tiene uno de los índices regionales más altos en homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. Las cifras son alarmantes: de 2016 a 2018 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes creció 59.3 por ciento; esto es, pasó de 16.2 a 25.5. En lo que va del año (enero-octubre) se ha registrado un total de un millón 699 mil 97 presuntos delitos en el territorio mexicano; en octubre, con 177 mil 792. Por desgracia, la tendencia es ascendente. 

Por otro lado, la percepción ciudadana de inseguridad es, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada en la primera quincena de septiembre de 2019, el 71.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Aunado a lo anterior, México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad con 69.21 puntos. En el continente americano, México encabeza la lista de países con el más alto índice de impunidad. 

Además, el estado de la persecución de delitos en México desde hace mucho tiempo es una situación crítica: los niveles de confianza en las autoridades de procuración de justicia son negativos. Lograr una justicia efectiva es la tarea pendiente de las autoridades responsables. 

Ante este panorama y diagnóstico, el BID recién ha publicado su estudio Hacia la modernización del sistema de justicia criminal en México: Reflexiones y propuestas. El texto afirma que México (con Argentina) es uno de los países latinoamericanos que más se han tardado en implementar una reforma a su sistema de justicia criminal, debido principalmente a su sistema político federal. Propone algunos elementos que han funcionado en otros países para reformar el sistema de justicia mexicano. Por ejemplo, se deberán priorizar delitos para una persecución penal efectiva; esto es, tener una política criminal con una visión sistémica para dirigir recursos y asignar responsabilidades de manera más eficiente para prevenir, perseguir y sancionar el delito. 

Asimismo, advierte que se debe implementar un plan de persecución penal a nivel federal y estatal; esto es, separar las funciones de la fiscalía federal de las estatales según el tipo de delito y los recursos disponibles. Asignar el personal de acuerdo con el nuevo perfil institucional; es decir, se requieren nuevas habilidades en el personal y una gestión innovadora del recurso humano. También, mejorar el acceso a información de calidad para la investigación criminal y que la fiscalía cuente con una Unidad de Análisis Criminal para tener una visión nacional del mapa del crimen. 

Si bien la introducción del sistema acusatorio evidenció con mayor fuerza el deterioro de la procuración de la justicia en México, es evidente que el combate a la corrupción y la impunidad, además de profesionalizar al personal de las fiscalías, es prioritario para combatir la inseguridad. 

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