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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
En el Senado de la República ya se presentó una iniciativa para que en cualquier momento, a partir del próximo 1 de febrero, se apruebe el consumo recreativo de la marihuana.
Ante este hecho, de entrada reconocemos dos situaciones. Primero: la legalización y el consumo de la marihuana para uso médico no está a discusión y, por el contrario, esa medida para aliviar el intenso sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónico-degenerativas se había tardado y, segundo, debe reivindicarse el derecho de las personas mayores de edad para decidir si la consumen o no.
Lo congruente es que en el caso del consumo recreativo las personas estén perfectamente informadas sobre el efecto adictivo de la marihuana, de las implicaciones a corto, mediano y largo plazo del consumo cotidiano, y que tengan consciencia que clínicamente se ha detectado que el consumo de alcohol, tabaco y marihuana se ha convertido en la puerta de entrada a la adicción a otras drogas más dañinas y mortales, como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, entre otras.
Considerando que el índice de las adicciones en México ha ido en aumento, tal y como se detectó en la Encuesta Nacional de las Adicciones, en la que quedó demostrado que en el periodo 2013–2017 incrementaron las adicciones en la población en general en 47 por ciento, en adolescentes hombres en 125 por ciento y en adolescentes mujeres en 222 por ciento, sería peligrosamente irresponsable el que las y los legisladores aprueben esta iniciativa sin gestionar ante las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales que se diseñen e implementen políticas públicas, programas y acciones bien fundamentadas, eficientes, eficaces de prevención y promoción de la salud mental.
Antes de avalar la legislación, se debería pensar en que en todo el país existan servicios de atención a los problemas de salud mental, particularmente a las adicciones, para las personas que tienen seguridad social a través del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM, y, para las que no la tienen, a través del Insabi. Además, las atenciones deben ser suficientes, de calidad, incluyentes y éticos.
Si no lo hacen así, en pocos años estaremos lamentando incrementos inimaginables en las adicciones que tristemente nos pondrán en situación semejante a nuestros vecinos del norte en casos de personas adictas y en muertes generadas por consumo de drogas.
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jl/I